Investigación en Marcha por Denuncias de Riesgo en Obras para Juegos Bolivarianos

La Contraloría General de la República ha realizado una intervención simultánea en las oficinas del Proyecto Especial Legado y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en respuesta a denuncias públicas sobre posibles irregularidades en las inversiones para los Juegos Bolivarianos 2024. Esta acción busca obtener información para investigar supuestas irregularidades y alertas de riesgo en las obras destinadas a los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, que se celebrarán en Ayacucho.

El Proyecto Especial Legado había solicitado previamente una auditoría concurrente a la Contraloría General de la República, para garantizar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos en los procesos de contratación de las empresas que ejecutarán las obras relacionadas con los Juegos Bolivarianos. Carlos Zegarra, representante del Proyecto Legado, pidió la intervención de la Contraloría para detectar posibles fallos en los procesos de contratación y evitar cualquier actividad ilegal por parte de funcionarios públicos.

El OSCE, por su parte, aseguró que cooperará con la Contraloría para proporcionar el apoyo institucional necesario para la investigación, y ratificó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes.

Vinculación con Investigaciones de Corrupción en Ayacucho

Esta intervención se produce en un contexto de mayor escrutinio, dado que la fiscalía anticorrupción de Ayacucho lleva adelante una investigación en la que está involucrado el gobernador regional, Wilfredo Oscorima. La investigación busca esclarecer la adjudicación millonaria que favoreció al consorcio de Esperanza Rojas Gutiérrez, aliada política de Oscorima y fundadora del movimiento regional Wari Llaqta.

El contrato en cuestión fue suscrito entre Rojas Gutiérrez y la Unidad de Administración del Proyecto Especial Legado para construir un comedor dentro de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con un valor superior a 22 millones de soles. Las acusaciones sugieren que esta adjudicación podría estar vinculada a actos de corrupción y tráfico de influencias.

La Contraloría General de la República continuará investigando estas denuncias para garantizar la integridad de las inversiones y la transparencia en los procesos de contratación relacionados con los Juegos Bolivarianos 2024. Las acciones posteriores dependerán de los resultados de esta intervención y de la colaboración entre las instituciones involucradas.