En medio de un clima de inseguridad sin precedentes, el Gobierno de Dina Boluarte ha decretado el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia Constitucional del Callao. Esta medida, que implica la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, ha generado una ola de reacciones encontradas, pues si bien busca contener la creciente criminalidad, también evidencia la incapacidad del Ejecutivo para implementar una estrategia eficaz y sostenible en el tiempo.
El anuncio lo realizó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, tras una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno. “No permitiremos que el crimen siga avanzando”, afirmó en redes sociales, destacando que la medida forma parte de un plan de acción contra la ola de homicidios y extorsiones que viene golpeando al país. Sin embargo, el discurso oficial contrasta con la cruda realidad: la criminalidad ha aumentado de forma alarmante y, lejos de reducirse, ha expuesto la debilidad del Estado para combatirla.
Crímenes que encendieron la alarma
La declaratoria de emergencia se produce tras el asesinato de Paul Flores, vocalista de la reconocida orquesta de cumbia Armonía 10, quien fue abatido a balazos cuando el bus de la agrupación se dirigía a una nueva presentación.
Este ataque se suma al homicidio de Eulalio Valverde Bargas, regidor de la Municipalidad Distrital de Chao, en La Libertad, ocurrido en circunstancias similares, en un contexto donde la extorsión y el sicariato se han convertido en una amenaza constante en diversas regiones del país.
Ambos crímenes han desatado una reacción en cadena en el Congreso, donde crecen los pedidos para la destitución del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. A pesar de la presión política y ciudadana, el Ejecutivo ha optado por blindarlo. Morgan Quero, ministro de Educación, salió en su defensa, asegurando que “las estrategias del Ministerio del Interior han dado resultados”, a pesar de que la realidad en las calles demuestra lo contrario.
Polémicas, blindaje político y falta de soluciones concretas
El respaldo al cuestionado ministro del Interior se produce en medio de otras controversias que envuelven a la presidenta Dina Boluarte. Mientras las calles exigen respuestas y resultados, el Gobierno se ha visto envuelto en un nuevo escándalo por presuntas cirugías estéticas de la mandataria, con fotos y audios que han desatado un nuevo frente de cuestionamientos sobre su transparencia y prioridades. Quero insistió en negar los hechos y acusó a los medios de desinformar y perseguir políticamente a la jefa de Estado.
En paralelo, el Congreso ha tomado acción. La parlamentaria Susel Paredes confirmó que ya se cuenta con las firmas necesarias para someter a debate la moción de censura contra Santiváñez. “Este ministro no puede seguir, su falta de liderazgo ha llevado al país a un punto crítico”, declaró Paredes. Sin embargo, bancadas clave como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre han evitado comprometerse con la iniciativa, lo que refuerza la percepción de que los intereses políticos prevalecen sobre la seguridad de los ciudadanos.
Promesas repetidas y escepticismo ciudadano
El estado de emergencia también incluye la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) el 18 de marzo, donde se discutirá una “reforma integral del sistema penitenciario”. Sin embargo, esta no es la primera vez que el Gobierno anuncia medidas de gran envergadura sin una implementación real. Los peruanos han escuchado estas promesas antes, y la falta de resultados concretos ha generado una creciente desconfianza.
La militarización de las calles, lejos de ser una solución estructural, solo refuerza la idea de un Estado reactivo que responde con medidas de emergencia ante una crisis que pudo haberse prevenido con una estrategia efectiva. Expertos en seguridad han advertido que la presencia del Ejército en las calles sin una reforma integral en las fuerzas del orden podría derivar en abusos de autoridad y en una falsa sensación de seguridad temporal.
Descontento y falta de liderazgo
Las encuestas reflejan una creciente frustración en la población. Según un estudio de Datum, el 86% de los peruanos cree que Santiváñez debe dejar el cargo. La presidenta Boluarte también enfrenta una caída en su aprobación, y su discurso de persecución política ya no convence a la opinión pública.
En los próximos días, se espera la publicación oficial del decreto en el diario El Peruano, lo que permitirá conocer los detalles de la medida y si incluirá restricciones como toques de queda. Sin embargo, la gran pregunta sigue en el aire: ¿Cuánto tiempo más seguirá el Gobierno respondiendo a las crisis con medidas paliativas en lugar de estrategias reales y sostenibles?