La investigación se centra en la omisión de informar sobre su incapacidad temporal para ejercer el cargo presidencial durante su intervención quirúrgica en 2023.
La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra Dina Boluarte, presidenta de la República, tras la confirmación de su intervención quirúrgica en junio de 2023. Se le acusa de no haber notificado al Congreso sobre su incapacidad temporal para ejercer el cargo durante los días en que estuvo recuperándose de una rinoplastia. Según la Constitución, en situaciones de ausencia temporal, debe asumirse la presidencia por el titular del Congreso.
Los hechos que desencadenaron la investigación
El Ministerio Público informó que la investigación se basa en la omisión de Boluarte de comunicar al Consejo de Ministros y al Congreso su imposibilidad de ejercer funciones presidenciales entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el cual estuvo sometida a un procedimiento quirúrgico. Durante su intervención en una Comisión de Fiscalización del Congreso, el exministro de la Presidencia, Alberto Otárola, confirmó que la mandataria se sometió a una rinoplastia en ese tiempo, aunque enfatizó que, a pesar de la cirugía, Boluarte siguió en contacto con él y participó en reuniones virtuales.
La postura de Alberto Otárola y la justificación de la falta de notificación
Otárola argumentó que no se consideró necesario informar al Congreso sobre la ausencia de Boluarte, ya que la presidenta continuó cumpliendo sus funciones desde su recuperación y no se declaró oficialmente su falta. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional como Heber Campos y Daniel Soria han señalado que la falta de notificación podría constituir una infracción constitucional, ya que habría generado un vacío de poder temporal.
La acusación: abandono del cargo y omisión de actos funcionales
El Ministerio Público ha indicado que los presuntos delitos investigados son omisión de actos funcionales y, alternativamente, abandono del cargo. De acuerdo con la legislación peruana, la ausencia temporal de un presidente debe ser comunicada formalmente al Congreso, y en su ausencia, debe asumir la presidencia el titular del Congreso. Esta omisión de notificación podría implicar una violación constitucional, ya que la falta de un aviso oficial sobre la incapacidad temporal podría haber creado un vacío de poder.
Reacciones y posibles consecuencias legales
Especialistas han subrayado que, aunque la cirugía de Boluarte no haya sido grave, la falta de una comunicación formal pone en cuestión la transparencia en el ejercicio del poder. La investigación en curso determinará si esta omisión podría haber alterado el curso de la administración pública y si se incurrió en algún delito relacionado con el ejercicio de funciones presidenciales.
El futuro del caso y su impacto político
El caso tiene implicaciones tanto legales como políticas. La Fiscalía deberá determinar si Boluarte actuó en contra de la Constitución y si se incurrió en una falta que justifique su posible juicio. Además, este caso ha generado una fuerte reacción en la esfera política, donde algunos sectores han solicitado mayor transparencia y una revisión de los procedimientos en la alta esfera del poder. El desenlace de esta investigación podría tener un impacto significativo en la imagen y estabilidad de la mandataria.
La investigación contra Dina Boluarte por no notificar su incapacidad temporal abre un nuevo capítulo en las tensiones políticas en el país. La Fiscalía de la Nación, junto con expertos en derecho constitucional, están evaluando si su omisión constituye un delito grave. Mientras tanto, la presidenta sigue en funciones, aunque el caso podría derivar en consecuencias legales y políticas que deberán ser resueltas en los próximos meses