Sentenciada a prisión preventiva, la fiscal suspendida desafía al Poder Judicial y provoca una cacería nacional tras optar por huir en lugar de entregarse.
El 3 de diciembre, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, quien enfrenta graves acusaciones de tráfico de influencias y sobornos. Aunque su abogado Benji Espinoza inicialmente aseguró que acataría la orden judicial, horas después se confirmó que Peralta había optado por no entregarse, pasando a la clandestinidad.
El juez supremo Gustavo Álvarez, encargado del caso, resolvió el empate entre los magistrados, estableciendo la detención de Peralta. En respuesta, la Corte Suprema de Justicia emitió un oficio de urgencia para su inmediata ubicación y captura por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Acusaciones en su contra
Elizabeth Peralta es señalada como parte de una presunta red de corrupción liderada por el empresario Javier Miu Lei y el presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. Entre los cargos destaca su intento de devolver oro incautado a cambio de un millón de dólares y su participación en el cobro de sobornos relacionados con investigaciones por lavado de activos.
Otro caso involucra a Peralta y Hurtado en un intento de extorsión a la familia de Iván Siucho, testigo clave, exigiendo $100,000 para frenar una investigación. Aunque se entregaron $20,000, la falta del monto completo permitió que las pesquisas continuaran.
Evidencias comprometedoras
Durante un allanamiento en septiembre, se hallaron elementos incriminatorios, incluyendo un manuscrito que instruía borrar el respaldo de WhatsApp y el historial de Google Maps. Asimismo, se encontró un celular vinculado a Peralta que intentó negar como suyo.
En otro incidente, un USB hallado contenía audios que sugerían frenar investigaciones clave, incluyendo casos de personajes políticos como Keiko Fujimori. Estas pruebas refuerzan las acusaciones de obstrucción a la justicia.
Contradicciones y estrategias legales
El abogado Benji Espinoza calificó la orden de prisión como un “triunfo de la justicia mediática” sobre la jurídica y afirmó que su patrocinada resistirá la detención mientras exploran alternativas legales. Sin embargo, esta decisión podría complicar aún más su situación.
Peralta negó reiteradamente las acusaciones y alegó ser víctima de una persecución injusta. “Todo lo que publican no es cierto, no es mi letra ni mi voz”, expresó la fiscal suspendida antes de desaparecer.
Impacto en el sistema judicial
El caso de Elizabeth Peralta pone en evidencia fallas en el sistema judicial y la capacidad de ciertos acusados para evadir la ley. Además, expone la profunda corrupción que afecta instituciones clave del país.
La situación genera debates sobre la credibilidad de las instituciones peruanas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia para evitar casos similares. Mientras tanto, la captura de Peralta se ha convertido en una prioridad para las autoridades.
Conclusión: justicia bajo presión
El caso de Elizabeth Peralta no solo representa un desafío para el sistema judicial, sino que también subraya la urgencia de reformas estructurales. La búsqueda de la fiscal prófuga continuará siendo un tema prioritario en los próximos días, mientras la ciudadanía exige justicia y transparencia.