Boluarte busca duplicarse el sueldo y convertirse en una de las presidentas mejor pagadas de América Latina
El Ejecutivo sustenta la propuesta en criterios de “coherencia regional” y competitividad del cargo, mientras la mandataria enfrenta cuestionamientos éticos y una baja aprobación ciudadana.
En medio de una profunda crisis política e institucional, la presidenta Dina Boluarte ha solicitado formalmente un incremento de más del 120% en su salario mensual. De acuerdo con el Informe N.º 0034-2025-EF/53.07 elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se propone que la jefa de Estado pase de percibir S/ 16,000 a S/ 35,568 mensuales, situándose como la quinta presidenta mejor remunerada de América Latina.
El documento, elaborado a pedido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), argumenta que Boluarte gana menos que la mayoría de sus pares en la región, siendo solo superada en austeridad por el presidente de Bolivia. La propuesta ya fue elevada al premier Gustavo Adrianzén, quien deberá aprobarla antes de su eventual remisión al Congreso, aunque la normativa permite su ejecución vía decreto.
El MEF justifica la solicitud citando “criterios de responsabilidad, competitividad del puesto y estándares internacionales”, entre ellos una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre alineamiento salarial en el sector público. No obstante, el informe ha generado una fuerte reacción pública y política: congresistas de oposición, analistas y sectores ciudadanos han calificado el pedido como inoportuno, inmoral y desconectado de la realidad nacional.
“Boluarte no puede hablar de coherencia salarial cuando su gestión carece de resultados visibles y su aprobación es de apenas 3%”, expresó la exministra Anahí Durand. Por su parte, el congresista Héctor Acuña criticó el intento presidencial de aumentar su sueldo mientras los peruanos enfrentan inflación, inseguridad y falta de servicios básicos.
Según el mismo informe, actualmente hay más de 20 altos funcionarios públicos que superan el salario presidencial, incluyendo el presidente del Poder Judicial (S/ 46,717), el jefe del Banco Central de Reserva (S/ 41,637), y los magistrados del Tribunal Constitucional (S/ 35,017). No obstante, expertos como la politóloga Paula Távara señalan que el problema no es comparativo, sino ético: “No es cuánto gana, sino qué representa que lo pida en este momento”.
La mandataria no ha ofrecido declaraciones oficiales, pero fuentes de Palacio de Gobierno han señalado que se busca “dignificar el cargo presidencial”. La medida, sin embargo, ocurre en un contexto marcado por investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito y una sostenida caída en los niveles de confianza hacia el Ejecutivo.
El debate sobre el sueldo presidencial promete ser un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, y una prueba adicional de la desconexión entre los gobernantes y la ciudadanía.
El aumento propuesto por el MEF vulnera la ley que regula los sueldos públicos y desata un nuevo escándalo en medio de la crisis de legitimidad del Gobierno.
Aunque la narrativa oficial sostiene que Boluarte solo busca “equiparar su salario” al de otros mandatarios de la región, el nuevo monto propuesto —S/35,568 mensuales— supera ampliamente el tope legal establecido por la Ley 28212, que regula las remuneraciones de altos funcionarios del Estado y fija un límite máximo equivalente a 10 URSP (Unidad Remunerativa del Sector Público). Para el año 2025, esta unidad fue establecida en S/2,600, lo que implica que el sueldo presidencial no puede exceder los S/26,000.
Sin embargo, el informe elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a pedido del premier Gustavo Adrianzén, omite completamente este límite legal en sus 21 páginas, enfocándose únicamente en justificar el aumento con base en criterios “técnicos” y comparaciones internacionales. Esta omisión ha sido duramente cuestionada por especialistas en derecho constitucional, quienes advierten que no solo se estaría ignorando una disposición legal vigente, sino que se pretende validar un aumento abiertamente inconstitucional.
El intento de duplicarse el sueldo no solo ha provocado rechazo en un país golpeado por la inseguridad, la informalidad y la desconfianza en sus instituciones, sino que además evidencia una falta de respeto a los marcos normativos que rigen la función pública, dejando entrever una peligrosa tendencia a gobernar sin límites legales ni sensibilidad política.
