La Ley 32181 genera preocupación entre especialistas por su impacto en investigaciones de crimen organizado y corrupción, limitando las herramientas fiscales y aumentando los riesgos para jueces.
El 11 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 32181, una controvertida reforma que elimina la detención preliminar sin flagrancia del Código Procesal Penal. La medida ha sido recibida con preocupación por fiscales, jueces y especialistas en derecho penal, quienes advierten sobre los peligros que representa para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Perú.
Hasta ahora, el artículo 261 del Código Procesal Penal permitía a los jueces, a solicitud de la fiscalía, ordenar la detención preliminar en casos de delitos graves, como corrupción o crimen organizado, aunque no existiera flagrancia. Esta herramienta clave ha sido eliminada, dejando a los fiscales con un margen de acción mucho más limitado.
Impacto en investigaciones de delitos graves
Con esta reforma, las detenciones preliminares solo podrán realizarse en casos de flagrancia, es decir, cuando el delito haya ocurrido en un plazo de 48 horas. Esto limita significativamente la capacidad de los fiscales para actuar en casos complejos, como redes de corrupción o crimen organizado, donde las pruebas y los operativos suelen requerir mayor tiempo y planificación.
Casos emblemáticos de corrupción o delitos graves podrían quedar sin respuesta adecuada, ya que no siempre es posible detener a los sospechosos en el acto. Además, los riesgos de fuga y obstrucción de las investigaciones aumentan considerablemente.
Una preocupación para el sistema judicial
Expertos, como el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, califican esta reforma como inconstitucional y riesgosa. “Esta ley penaliza directamente a los jueces y fiscales que intentan actuar frente al crimen organizado”, afirmó. Además, señaló que la normativa podría fomentar un clima de impunidad, dificultando el procesamiento de altos funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.
Riesgos para los jueces
La reforma no solo afecta a los fiscales, sino también a los jueces. Ahora, si un juez rechaza una detención preliminar por considerar que no cumple con los requisitos legales, podría enfrentar severas sanciones, incluyendo penas de entre 8 y 12 años de prisión. Esta medida convierte la labor judicial en una tarea de alto riesgo.
“La reciente normativa expone a los jueces a errores humanos y presiones indebidas, generando un clima de inseguridad en el sistema de justicia”, explicó Canelo. Estas condiciones pueden desalentar a los operadores judiciales de tomar decisiones objetivas, afectando la independencia de las instituciones.
Un posible retroceso en la lucha contra el crimen
La eliminación de esta herramienta procesal es vista como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Sin la posibilidad de detener a sospechosos antes de un proceso judicial formal, se debilitan los esfuerzos por combatir organizaciones criminales sofisticadas que requieren investigaciones prolongadas y detenciones preventivas para garantizar resultados efectivos.