“Bajamos a los reyes”: Gálvez desactiva los equipos especiales anticorrupción y reabre el temor a la impunidad en el Perú
En una de las decisiones más controvertidas del sistema de justicia en los últimos años, el fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez oficializó la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público: Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y Eficavip, estructuras creadas para investigar los casos más graves de corrupción del poder y violaciones de derechos humanos en el país.
La medida fue formalizada mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano y había sido anunciada con anticipación por el propio Gálvez, quien eligió deliberadamente el 6 de enero para concretarla. Días antes, el fiscal interino ironizó sobre la fecha con una frase que hoy resume el espíritu de la decisión:
“Como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, a los reyes entre comillas”.
El argumento oficial: reorganización y eficiencia
Desde la Fiscalía de la Nación se sostiene que no se trata de un cierre de investigaciones, sino de una reorganización administrativa. Según Gálvez, los equipos especiales “no han dado resultados” y su continuidad habría generado “encubrimiento, impunidad y persecución”. En esa línea, las carpetas fiscales —más de 90 solo en el caso Lava Jato— pasarán a subsistemas especializados en lavado de activos, corrupción de funcionarios y derechos humanos, bajo nuevas coordinaciones.
Lo que está en juego
Sin embargo, para amplios sectores del ámbito jurídico y de la sociedad civil, la decisión va mucho más allá de un simple cambio de organigrama. Los equipos desactivados concentraban experiencia técnica, memoria institucional y estrategias diseñadas específicamente para enfrentar redes complejas de corrupción política y judicial. Su eliminación como unidades autónomas ocurre, además, en un contexto especialmente sensible: con procesos en curso contra expresidentes, altos funcionarios, magistrados y mandos policiales.
El caso resulta aún más delicado en el equipo Cuellos Blancos del Puerto, que investigaba una presunta red de corrupción en el sistema de justicia y en el que el propio Gálvez ha sido mencionado en investigaciones preliminares, situación que alimenta cuestionamientos sobre conflicto de intereses.
Impacto directo en los ciudadanos
Para los peruanos, esta decisión no es un asunto lejano ni exclusivo de la élite política. La lucha contra la corrupción tiene efectos concretos en la vida cotidiana: obras públicas, hospitales, escuelas y programas sociales dependen de que los recursos del Estado no sean capturados por redes ilegales. Debilitar —o incluso dar la percepción de debilitamiento— de los mecanismos de persecución penal puede traducirse en menos sanción, más impunidad y menor confianza en la justicia.
En el caso del Eficavip, que investigaba las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023, el temor principal es que las víctimas y sus familias enfrenten nuevos retrasos y obstáculos en su búsqueda de verdad y reparación, pese a que la Fiscalía asegura que los casos continuarán en el subsistema de derechos humanos.
Un mensaje político en clave judicial
Más allá de los argumentos técnicos, el tono elegido por el fiscal de la Nación interino —encapsulado en la frase “bajamos a los reyes”— refuerza la lectura de que se trata de una decisión con fuerte carga simbólica y política. En lugar de fortalecer la confianza ciudadana en el Ministerio Público, el mensaje ha profundizado la polarización y la sospecha sobre el rumbo de la justicia peruana.
La desactivación de los equipos especiales marca un punto de inflexión. Aunque las investigaciones sigan formalmente en pie, el verdadero impacto se medirá en los próximos meses: si los casos avanzan con la misma firmeza o si, por el contrario, el país presencia un retroceso silencioso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para una ciudadanía golpeada por años de escándalos y crisis institucionales, el temor es claro: que, tras “bajar a los reyes”, quienes terminen pagando el costo sean, una vez más, los ciudadanos comunes.