Tras la suspensión de Delia Espinoza, Tomás Gálvez asumió como nuevo fiscal de la Nación interino, luego del breve paso de Pablo Sánchez, lo que reaviva el debate sobre la estabilidad y autonomía del Ministerio Público.
En menos de 48 horas, el liderazgo del Ministerio Público pasó por dos manos. Tras la suspensión por seis meses de Delia Espinoza dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el fiscal supremo decano Pablo Sánchez asumió interinamente para convocar a la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Al día siguiente, la JFS eligió como fiscal de la Nación interino a Tomás Aladino Gálvez, luego de que Sánchez limitara su papel a un breve período de transición. Gálvez—repuesto este año por sentencia del Tribunal Constitucional (TC) tras su destitución de 2021—encabeza ahora el Ministerio Público mientras se resuelve el proceso disciplinario contra Espinoza.
Cómo empezó esta nueva escalada
La decisión de la JNJ. El 19 de septiembre, la JNJ aprobó la suspensión preventiva de Delia Espinoza por presuntas faltas disciplinarias vinculadas a su negativa a ejecutar la reposición de Patricia Benavides. El informe sustentatorio le atribuye desconocer una orden del propio órgano constitucional, continuar ejerciendo el cargo sin acatar ese mandato, no recibir a la funcionaria restituida, no convocar a la JFS y promover acciones internas para resistir el fallo. La medida dura seis meses (prorrogables por otros seis) mientras se tramita el proceso disciplinario.
La respuesta de Espinoza. La fiscal suspendida no asistió a la audiencia de la JNJ alegando falta de garantías y mantiene una acción de amparo ante el Poder Judicial para cuestionar la reposición de Benavides y frenar procesos disciplinarios. Especialistas consultados en distintos medios discrepan sobre el alcance de ese amparo: algunos sostienen que podría incidir en el procedimiento disciplinario; otros, que habría “sustracción de la materia” por la nueva situación creada con la suspensión. Por ahora, Espinoza sigue ostentando el nombramiento, pero está apartada del cargo.
La transición exprés: Sánchez y la elección de Gálvez
El paso de Pablo Sánchez. Conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal supremo más antiguo asume interinamente ante la vacancia o suspensión del titular. Por eso, Pablo Sánchez tomó el timón para convocar a la JFS. Sin embargo, como ya ocurrió en 2023, anunció que su interinato sería breve y solo de transición, dejando a la Junta la tarea de elegir al interino que conduciría la institución.
La Junta de Fiscales Supremos. Conformada por Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y el propio Sánchez, la JFS se reunió de urgencia y designó a Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino. La decisión se produce en un contexto sensible: Gálvez volvió a su cargo de fiscal supremo por mandato del TC, que anuló su destitución en el caso Cuellos Blancos por vulneraciones de debido procedimiento; esa rehabilitación fue acatada por la JNJ y formalizada por el Ministerio Público.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) calificó la suspensión de Espinoza como un “grave ataque” a la independencia fiscal y advirtió un intento de control institucional por parte de Ejecutivo y Congreso. En el otro extremo, voces críticas a la gestión de Espinoza sostienen que desobedecer a la JNJ compromete la institucionalidad y justifica medidas preventivas.
La coyuntura fiscal no ocurre en el vacío. Coincide con debates mayores: ley de amnistía, fricciones con el sistema interamericano de derechos humanos, y disputas políticas que han tensionado a organismos autónomos. Todo ello aumenta la sensibilidad de cualquier movimiento en el Ministerio Público, actor clave en macrocasos de corrupción y crimen organizado.
¿Qué puede pasar ahora?
- Ruta disciplinaria en la JNJ. En los próximos meses, la JNJ deberá resolver el fondo del proceso a Espinoza: absolución (con retorno), sanción menor o destitución. Si la causa no concluye en seis meses, la suspensión podría ampliarse por otros seis.
- La vía judicial. El amparo presentado por Espinoza podría—según su resultado—ordenar medidas que impacten el procedimiento disciplinario. No obstante, el criterio de los jueces sobre la competencia de la JNJ y la procedencia de medidas cautelares será decisivo.
- Gobernabilidad fiscal. Con Gálvez como interino, la Fiscalía debe sostener la marcha: continuidad de investigaciones, protección de equipos y prioridades de política criminal. Habrá escrutinio sobre nombramientos, rotaciones y eventuales cambios de rumbo en casos sensibles.
- Eventual nuevo relevo. Si el proceso a Espinoza culmina con destitución, la JFS deberá elegir a un titular por el período que reste del mandato. Si no, Espinoza podría volver y reabrir el capítulo de su liderazgo.
Lo ocurrido exhibe una vulnerabilidad estructural: cuando la interpretación de competencias (¿qué puede exigir la JNJ?, ¿qué debe acatar el MP?) se judicializa y politiza al mismo tiempo, la certeza institucional se resiente. Si los actores rotan por medidas cautelares, suspensiones y reposiciones, la Fiscalía corre el riesgo de convertirse en campo de disputa más que en servicio público esencial.
Tres preguntas deberían guiar el debate, más allá de nombres propios:
- ¿Cómo blindar la autonomía fiscal sin desanclarla del sistema de control disciplinario?
- ¿Cómo garantizar la ejecución de decisiones (de la JNJ o judiciales) sin que parezcan armas en una pulseada política?
- ¿Cómo proteger la continuidad de casos sensibles —corrupción, crimen organizado, violaciones a derechos— frente a interinatos y cambios abruptos?
Responderlas exige reglas claras, plazos perentorios y transparencia: publicidad de motivaciones, cronogramas de decisiones y resguardo de equipos fiscales. La justicia no solo debe hacerse; debe verse hacerse con previsibilidad. En eso se juega, hoy, buena parte de la confianza pública en el sistema de justicia.