El Congreso otorga una pensión vitalicia y asigna un auxiliar a Alberto Fujimori, desatando críticas por posibles violaciones a la ley que excluye a expresidentes con acusaciones constitucionales.
En agosto de 2024, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción, verá un incremento en su pensión vitalicia a S/ 16.300, según la información oficial del portal de Transparencia del Congreso. Este aumento se produce solo un mes después de que Fujimori comenzara a recibir su pensión, la cual fue aprobada por el Congreso de la República en julio, generando críticas generalizadas.
El pago de la pensión se realiza en virtud de la Ley N° 26519, que regula los beneficios otorgados a los expresidentes del Perú. Sin embargo, esta ley establece que aquellos exmandatarios que enfrenten acusaciones constitucionales no son elegibles para recibir estos beneficios, a menos que una sentencia judicial los exonere. A pesar de esta disposición, la Mesa Directiva del Congreso decidió continuar con el pago de la pensión, lo que ha suscitado un amplio debate sobre la legalidad y legitimidad de esta decisión.
El primer pago de la pensión se realizó en julio, donde Fujimori recibió S/10.920, una cantidad ajustada debido a un descuento por ESSALUD y al hecho de que solo se le pagaron 20 días del mes. A partir de agosto, el exmandatario recibirá el monto completo de S/16.300, lo que ha intensificado las críticas, especialmente considerando su condena por delitos graves.
Además de la pensión, el Congreso ha asignado un auxiliar personal a Fujimori, cuyo salario asciende a S/3.685,19 mensuales. Este asistente, Óscar Paredes Estrada, ha sido contratado para ayudar al exdictador en sus actividades diarias, y su sueldo es financiado por fondos públicos del Congreso. Esta asignación ha generado aún más controversia, ya que muchos consideran que constituye una violación directa de la Ley N° 26519.
La Ley N° 26519 fue promulgada para garantizar una pensión vitalicia a los expresidentes del Perú, siempre y cuando no enfrenten acusaciones constitucionales. Sin embargo, en el caso de Fujimori, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por otros delitos relacionados con secuestro agravado y lesiones graves, estas acusaciones no han sido resueltas favorablemente. A pesar de esto, la Mesa Directiva del Congreso, liderada por Patricia Juárez de Fuerza Popular, decidió por mayoría mantener el pago de la pensión mientras se solicita un informe adicional a expertos constitucionalistas y al área legal del Congreso.
La decisión de continuar con los pagos ha generado reacciones divididas. Por un lado, los defensores de Fujimori argumentan que tiene derecho a la pensión como expresidente, independientemente de sus condenas. Por otro lado, críticos y analistas legales sostienen que esta medida representa una violación a la ley y un mal uso de los fondos públicos.
En medio de esta controversia, Fujimori también recibe vales de combustible para su transporte privado. Cada mes, se le entregan 30 vales de cinco galones de gasolina, lo que equivale a 150 galones pagados por el Estado. Este beneficio adicional ha provocado aún más indignación entre aquellos que consideran inapropiado que un condenado por delitos de lesa humanidad reciba tales privilegios.
El contexto judicial y político que rodea a Fujimori es complejo. En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por su participación en crímenes de lesa humanidad. Aunque fue indultado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el indulto fue revocado en 2018, y Fujimori regresó a prisión. Sin embargo, en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional emitió una orden que permitió su liberación, manteniéndolo fuera de prisión hasta la fecha.
El debate sobre la pensión vitalicia de Fujimori y los beneficios adicionales que recibe continuará, mientras el Congreso evalúa el cumplimiento de la Ley N° 26519 y su aplicación en este caso particular. Para muchos, este es un ejemplo claro de las tensiones entre la justicia y la política en el Perú, y una prueba de cómo se manejan los privilegios otorgados a los expresidentes.
