Durante la Cumbre de los Océanos en Francia, la presidenta Dina Boluarte suscribió un acuerdo internacional que divide opiniones en el ámbito político, empresarial y técnico. ¿Qué implica este tratado realmente?
Durante su participación en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3) celebrada en Niza, Francia, la presidenta Dina Boluarte suscribió en representación del Estado peruano el Tratado de Alta Mar, también conocido como BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction). Este instrumento, aprobado por la ONU en 2023, tiene como objetivo proteger la biodiversidad marina en zonas más allá de las jurisdicciones nacionales y ha sido saludado por la comunidad internacional como un hito ambiental. Sin embargo, en el plano nacional, ha despertado una intensa controversia.
Tras el anuncio, gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ComexPerú, ADEX y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) expresaron su preocupación. Alegan que este tratado podría suponer una cesión implícita de soberanía sobre las 200 millas marinas que el Perú ha defendido históricamente como parte de su dominio marítimo. En el Congreso, algunos parlamentarios han exigido explicaciones al Ejecutivo, sugiriendo que la firma compromete los intereses estratégicos del país.
Pero, ¿es esto realmente así?
Expertos en derecho internacional, como Jimpson Dávila y Nina Pardo, han aclarado que el Tratado BBNJ no afecta la Zona Económica Exclusiva (ZEE) ni las aguas jurisdiccionales de los Estados parte. De hecho, el propio acuerdo establece expresamente que no altera los derechos soberanos reconocidos por la Convención del Mar (Convemar), de la cual el Perú es firmante desde 1982.
El canciller Javier Gonzales-Olaechea Schialer y el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay han coincidido en que el tratado constituye un compromiso ambiental que fortalece la posición internacional del Perú en foros multilaterales. En ese sentido, resaltaron que el acuerdo no toca las 200 millas, sino que regula actividades en alta mar, más allá de esas líneas.
El tratado contempla aspectos clave como la creación de áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para actividades en alta mar, un mecanismo de reparto de beneficios por el uso de recursos genéticos marinos y la promoción de la investigación científica con equidad. En todos los casos, se requiere la cooperación internacional, bajo un principio de equidad y sostenibilidad.
Además, la firma del tratado no significa su entrada en vigor automática: requiere ser ratificado por el Congreso de la República. Allí se dará el debate más crítico. Voces opositoras ya anuncian que intentarán bloquear su ratificación, mientras que sectores ambientalistas y académicos instan a aprobarlo como parte de los compromisos globales del Perú al 2030.
En un contexto de polarización y desconfianza hacia el Ejecutivo, esta decisión ha abierto una discusión profunda sobre cómo debe el país abordar acuerdos técnicos multilaterales sin que sean capturados por el ruido ideológico ni los intereses particulares.