En solo 24 horas, Perú sufrió balacera a músicos, vacancia presidencial de Dina Boluarte y archivo del caso Lady 2 soles, evidenciando la fragilidad del Estado frente a la delincuencia.
En solo 24 horas, el país vivió un atentado armado a músicos, la vacancia presidencial de Dina Boluarte y el archivo polémico del caso Lady 2 soles, dejando en evidencia la fragilidad del Estado frente a la delincuencia.
La madrugada del viernes 10 de octubre de 2025 se convirtió en un símbolo de la volatilidad política y social que atraviesa Perú. A las 00:13 horas, el Congreso de la República aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” con 122 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. Esta decisión marcó el final de un mandato de casi tres años caracterizado por crisis, denuncias de corrupción, escándalos estéticos y una creciente percepción de incapacidad para enfrentar la violencia y la inseguridad ciudadana.
Pasadas las 01:00 horas, la expresidenta abandonó Palacio de Gobierno a bordo del vehículo oficial conocido como ‘cofre’, bajo un fuerte resguardo policial, mientras se transmitía en vivo la juramentación de José Jerí como nuevo presidente interino. Boluarte emitió un último mensaje a la nación desde Palacio, centrado en los logros de su gestión y evitando asumir responsabilidad directa por la ola de inseguridad, lo que evidenció su desconexión con la ciudadanía y reforzó la narrativa de un Estado que simula preocupación mientras la violencia avanza sin freno.
Horas antes, el país había sido testigo de un hecho que profundizó la percepción de descomposición social: el ataque armado durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, ocurrido la noche del jueves 9 de octubre. Desconocidos dispararon desde la parte posterior del escenario hacia los músicos y asistentes, dejando cinco heridos, entre ellos cuatro integrantes de la orquesta y un vendedor ambulante. Luis Quiroga, uno de los miembros de Agua Marina, recibió tres impactos de bala en el tórax, siendo trasladado con urgencia a un hospital local; otros heridos sufrieron lesiones graves y leves.
El episodio no es un caso aislado. En marzo, Paul Flores, vocalista de Armonía 10, fue asesinado en un atentado similar, y otros artistas han denunciado extorsiones y amenazas constantes. La balacera en Agua Marina evidenció una vez más la incapacidad del Estado para garantizar seguridad en eventos públicos y privados, incluso bajo protocolos de control policial como el Plan Cerco, que en esta ocasión resultó insuficiente. La violencia alcanzó un nivel tal que la ciudadanía comenzó a cuestionar la eficacia real de las instituciones, mientras la delincuencia organizada operaba con audacia e impunidad.
A la inseguridad y la violencia se sumó otro episodio que refleja la percepción de arbitrariedad y abuso de autoridad en el país: el caso Lady 2 soles. El conductor José Villafuerte fue denunciado por la suboficial Teresa Cuba Lara, quien alegaba desacato a la autoridad por exigir el pago de pasaje. Tras la investigación, el Ministerio Público archivó la causa, exonerando a Villafuerte y poniendo la mirada sobre la agente policial, quien ahora podría enfrentar sanciones penales y administrativas por presunto abuso de poder. Este caso, ampliamente difundido en redes, se convirtió en un ejemplo de cómo los ciudadanos perciben la impunidad y la parcialidad de las autoridades.
En paralelo a estos eventos, José Jerí asumió la presidencia interina en un contexto de escepticismo y desconfianza ciudadana. Su primer discurso, pronunciado ante el Congreso, subrayó la reconciliación nacional y la intención de restaurar la confianza institucional, enfocándose en la juventud, especialmente la Generación Z, que ha protagonizado movilizaciones y exige cambios concretos. Jerí prometió una guerra frontal contra la delincuencia, movilizando a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial para enfrentar la violencia organizada, y aseguró un proceso electoral transparente y neutral para la próxima elección presidencial.
Sin embargo, el nuevo presidente interino enfrenta cuestionamientos propios: denuncias por abuso sexual, corrupción y desobediencia a la autoridad, que contrastan con su discurso de integridad y reconciliación. Esto, sumado a la transición abrupta tras la destitución de Boluarte, evidencia la fragilidad del sistema político peruano y la dependencia del Ejecutivo frente a un Congreso fragmentado.
La vacancia de Dina Boluarte y los recientes atentados ilustran un patrón preocupante: la impunidad se consolida mientras los ciudadanos pagan el costo de un Estado que reacciona tarde y de manera parcial. Entre discursos, videos de redes sociales y promesas de investigaciones, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo los peruanos vivirán bajo la amenaza constante de la violencia, la extorsión y el abuso de poder, mientras los líderes políticos cambian sin abordar las raíces de la crisis?
En apenas 24 horas, Perú vivió un compendio de eventos que muestran la fragilidad de sus instituciones: la destitución de una presidenta, el ataque a un concierto que debía ser seguro y la exoneración de un conductor frente al abuso de autoridad policial, reflejando un Estado que parece reaccionar a la presión mediática y social más que a un compromiso genuino con la justicia y la seguridad. La ciudadanía observa con desconfianza, mientras la delincuencia opera con creatividad y violencia creciente.
Expertos coinciden en que la salida a esta crisis requiere medidas urgentes: fortalecer la independencia judicial, garantizar protocolos efectivos de seguridad, sancionar los abusos de autoridad y, sobre todo, restaurar la confianza de la población en el sistema político. Sin estos pasos, los episodios de violencia seguirán ocurriendo, y cada balacera, cada abuso y cada vacancia se sumarán a un ciclo de miedo y desencanto que amenaza con consolidarse como norma en la vida peruana.
La reflexión final es ineludible: mientras las acciones del Estado no sean coherentes, responsables y efectivas, Perú seguirá viviendo al borde del caos, con ciudadanos, artistas y trabajadores expuestos a los peligros de un sistema que aparenta control, pero que en realidad funciona en piloto automático frente a la criminalidad y la corrupción.