El expresidente Pedro Castillo fue llevado de emergencia al Hospital II Vitarte tras sufrir una descompensación, apenas tres días después de haber iniciado una huelga de hambre en señal de protesta contra el proceso judicial en su contra. Sin embargo, su estado de salud ha sido catalogado como estable y sin signos de deshidratación grave, lo que genera cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de su protesta.
El juicio en contra de Castillo, acusado de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, ha estado marcado por intentos del exmandatario de deslegitimar el proceso. Desde su negativa a aceptar un abogado de oficio hasta su retiro abrupto de audiencias, su estrategia parece orientada más a victimizarse que a ejercer una defensa jurídica efectiva.
En este contexto, la jueza suprema Norma Carbajal dejó claro que la huelga de hambre no justifica una suspensión del juicio, enfatizando que la ley no ampara el abuso del derecho. Según el Código de Ejecución Penal, la negativa a alimentarse constituye una falta grave dentro del régimen penitenciario.
La línea entre la protesta y la manipulación
Las huelgas de hambre han sido históricamente utilizadas como un recurso extremo de resistencia política. Líderes y activistas han recurrido a ellas en situaciones donde sus derechos fundamentales han sido violados o cuando enfrentan regímenes autoritarios que buscan acallarlos. Sin embargo, en el caso de Pedro Castillo, la legitimidad de esta acción es cuestionable.
Castillo no es un preso político ni un activista en lucha contra un régimen opresor. Se encuentra bajo prisión preventiva por haber intentado, el 7 de diciembre de 2022, disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción en lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado. Su detención y proceso judicial siguen los cauces legales, aunque él insiste en argumentar lo contrario.
El expresidente afirma ser víctima de una “persecución política”, pero su huelga de hambre podría interpretarse más como un intento de desviar la atención del juicio en su contra y buscar simpatía mediática. Al haber sido trasladado al hospital sin presentar signos de deshidratación severa ni alteraciones graves en su estado de salud, surgen dudas sobre la seriedad de su protesta y si realmente tenía la intención de llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Más aún, el exmandatario no ha sido el único en señalar presuntas irregularidades en el trato que recibe. La ex primera ministra Betssy Chávez también ha denunciado malos tratos durante sus traslados penitenciarios, asegurando haber sufrido lesiones tras una caída en una ambulancia en movimiento. Chávez acusa a las autoridades penitenciarias de negligencia y falta de cuidado en su transporte, pero la ausencia de pruebas concretas y el contexto político han hecho que sus declaraciones sean vistas con escepticismo.
En ambos casos, estas denuncias parecen formar parte de una estrategia para instalar una narrativa de victimización y deslegitimación del sistema judicial peruano. Si bien cualquier persona tiene derecho a denunciar abusos y solicitar garantías de un juicio justo, en este contexto, las acciones de Castillo y Chávez podrían estar más motivadas por razones políticas que por una vulneración real de sus derechos.
Un juicio que avanza con o sin su participación
A pesar de las acciones de Castillo, el Poder Judicial ha dejado en claro que el proceso no se detendrá. La audiencia programada para el jueves 13 de marzo continuó sin su presencia, con la defensa pública asumiendo su representación legal, a pesar de su rechazo a cualquier abogado asignado.
El Ministerio Público ha solicitado una pena de 34 años de prisión para el expresidente por los delitos de rebelión y abuso de autoridad, sustentando su acusación en pruebas documentales y testimoniales de exfuncionarios, militares y civiles que presenciaron su intento de disolver el Congreso.
Mientras el exmandatario insiste en su narrativa de persecución, la justicia peruana sigue adelante con un juicio que podría sentar un precedente clave sobre la responsabilidad política y penal de un jefe de Estado que intentó quebrantar el orden democrático.
¿Es la huelga de hambre de Castillo un acto de resistencia o una estrategia desesperada para mantenerse en el ojo público?
La respuesta dependerá de la lectura que cada ciudadano haga de los hechos, pero lo que es innegable es que el proceso judicial seguirá su curso, con o sin su presencia en la sala de audiencias.
