El jueves 10 de abril, transportistas de Lima y Callao llevaron a cabo un paro nacional de 24 horas como protesta ante el aumento de la violencia, extorsión y asesinatos que afectan al gremio. Esta acción, organizada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), tuvo un fuerte impacto en la ciudad, con miles de vehículos de transporte público fuera de servicio, lo que complicó enormemente la movilidad de los ciudadanos.
A partir de las primeras horas, más de 70 empresas de transporte se unieron a la protesta, dejando a miles de personas sin opciones de transporte. La medida respondió principalmente a la creciente inseguridad que sufren los conductores, quienes son víctimas frecuentes de extorsiones y ataques por parte de organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos y otros delitos.
En medio de la manifestación, Martín Valeriano, presidente de ANITRA, expresó el malestar del gremio por la falta de acción por parte del gobierno. “Un día de paro no va a evitar que la violencia de esta lacra social continúe. En un paro, pierde el empresario transportista, pierde el conductor y pierde el país”, señaló Valeriano, dejando claro que aunque la protesta busca llamar la atención del gobierno, no es la solución definitiva a la situación.
La protesta recibió apoyo de los conductores, los empresarios del sector y las familias de las víctimas de asesinatos relacionados con la delincuencia organizada. Además, la crisis de seguridad también afectó a otros sectores, como la educación, que optó por clases virtuales debido a la paralización del transporte público.
Tensiones en el Congreso: Declaraciones Controversiales
El paro coincidió con una sesión en el Congreso, donde el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriánzen, fue interpelado por los parlamentarios sobre las acciones del gobierno frente a la creciente inseguridad. Durante la sesión, Adriánzen defendió las políticas del Ejecutivo, mencionando los estados de emergencia en diversas regiones y la desarticulación de varios grupos criminales, pero admitió que los resultados no han sido suficientes.
Sin embargo, el tema más comentado fueron las declaraciones del congresista José Cueto, quien hizo una sugerencia polémica que causó gran indignación. Cueto recomendó a los transportistas que “se pongan láminas antibalas” en sus vehículos y propuso que la policía, en lugar de patrullar por las calles, debería asignar agentes civiles a cada bus de transporte público. Estas propuestas fueron duramente criticadas en las redes sociales por su falta de viabilidad y desconexión con las verdaderas necesidades del gremio.
“¿En qué país vive esta gente?”, se preguntaron los usuarios en redes sociales. “¿Con qué dinero van a poner láminas antibalas? El Estado debe proporcionarnos seguridad”, afirmaron otros. Las críticas se multiplicaron, pidiendo propuestas más realistas y efectivas.
Respuesta del Gobierno: Desafíos y Retos
La presidenta Dina Boluarte también se pronunció brevemente sobre la situación, indicando que la inseguridad es un problema complejo que no se resolverá de inmediato. Explicó que las soluciones deben ser el resultado de un esfuerzo conjunto entre diversas administraciones y sectores de la sociedad. Sin embargo, las críticas no cesaron, ya que muchos consideraron que el gobierno no estaba tomando las medidas necesarias para combatir la violencia que afecta a miles de peruanos.
El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, también fue señalado por no cumplir con los plazos establecidos para implementar medidas más contundentes. Los transportistas, como Valeriano indicó en diversas declaraciones, consideran que no pueden esperar más, ya que las muertes y ataques siguen ocurriendo a diario en el sector.
Medidas Propuestas y Futuras Acciones
El debate sobre la seguridad continúa siendo un tema central. Algunas autoridades han propuesto medidas como el uso de patrullajes con drones, mayor presencia policial en los vehículos de transporte y restricciones a la circulación de motocicletas en horarios nocturnos, cuando se cometen la mayoría de los delitos.
No obstante, los transportistas consideran que estas medidas no son suficientes. Muchos temen que la situación empeore si no se toman decisiones firmes y rápidas para erradicar a las organizaciones criminales que controlan el cobro de cupos y extorsionan al gremio.
El futuro del paro sigue siendo incierto. La ANITRA convocó a una asamblea para el viernes 11 de abril, donde se evaluarán los próximos pasos. La posibilidad de un paro nacional indefinido o de nuevas movilizaciones dependerá de la respuesta del gobierno y de la efectividad de las medidas propuestas. La situación sigue siendo tensa, y la ciudadanía espera que se tomen medidas más efectivas para garantizar la seguridad en las calles de Lima y Callao.
El paro nacional de transportistas ha dejado al descubierto la creciente frustración de un sector que lucha por su supervivencia en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. Las propuestas y medidas del gobierno continúan siendo cuestionadas, y mientras tanto, las calles de Lima y Callao siguen siendo escenario de violencia y extorsión. El gremio de transportistas ha dejado claro que no cesará en su lucha hasta que se garanticen condiciones de seguridad para sus trabajadores y ciudadanos. A medida que las tensiones entre los manifestantes, las autoridades y la sociedad continúan escalando, la necesidad de una solución integral se hace cada vez más urgente. La pregunta ahora es: ¿será este paro el inicio de una movilización más amplia o simplemente una llamada de atención que el gobierno estará dispuesto a ignorar? La respuesta dependerá de las acciones concretas que el Estado tome en los próximos días, pero lo cierto es que la crisis de seguridad ya no puede seguir esperando.