El proceso judicial contra Keiko Fujimori avanza con testimonios clave y evidencia sobre la presunta financiación ilegal de Fuerza Popular.
Este lunes 1 de julio de 2024, el juicio oral contra Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, continúa en Lima. Fujimori está siendo juzgada por su presunta implicación en el caso Cócteles, una investigación que examina supuestos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2011 y 2016.
La audiencia, presidida por el juez Víctor Zúñiga, se centra en la acusación de lavado de activos y otros delitos vinculados a la financiación ilegal de Fuerza Popular. El Ministerio Público sostiene que Fujimori y su partido recibieron aportes no declarados de la constructora brasileña Odebrecht y otros empresarios, mediante eventos sociales conocidos como “cocteles”.
Durante la sesión de hoy, los fiscales presentaron nuevos testimonios y pruebas que buscan demostrar cómo se habrían encubierto estos aportes para evitar su fiscalización. Entre los testimonios clave, se destacan los de ex colaboradores y miembros del partido, quienes detallaron el manejo de los fondos y la organización de los eventos.
Keiko Fujimori, que ha mantenido su inocencia desde el inicio del proceso, asistió a la audiencia acompañada de su equipo legal. Su defensa argumenta que no hubo irregularidades y que todos los aportes fueron legales y debidamente reportados.
El caso Cócteles ha generado un intenso debate en el ámbito político peruano, polarizando a la opinión pública y poniendo bajo la lupa las prácticas de financiación de campañas políticas en el país. El juicio no solo afecta a Fujimori y su partido, sino que también tiene implicaciones más amplias para el sistema político peruano y su lucha contra la corrupción.
La sesión de hoy es una más en un largo proceso que podría extenderse durante varios meses. Mientras tanto, el país observa atentamente el desenlace de este juicio, que podría tener profundas consecuencias para el futuro político de Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
Las próximas audiencias seguirán explorando la compleja red de relaciones y flujos de dinero que rodearon las campañas de Fujimori, con el objetivo de esclarecer si hubo o no violaciones a la ley electoral y delitos financieros.
