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Denuncia ante la ONU: Federación de Periodistas acusa a fiscal Marita Barreto

Denuncia internacional tras imputación a periodistas que investigaban sus movimientos financieros.

La fiscal Marita Barreto enfrenta una creciente ola de críticas tras imputar cargos de lavado de activos a aquellos periodistas que habían expuesto sus movimientos financieros en el diario EXPRESO. Este controversial acto, considerado como un ataque directo a la libertad de expresión, ha llevado a la Federación de Periodistas del Perú a denunciar formalmente a Barreto y al fiscal José Huaylla ante la Relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Vamos a ir hasta las mismas Naciones Unidas para tocar las puertas allí, para exponer lo que está ocurriendo, y presionar a través de los medios de comunicación internacionales, para que tomen las acciones correspondientes», declaró Ángel Sánchez, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, manifestando su determinación en hacer justicia frente a estos actos de censura.

Los periodistas José Briceño y Rafael Romero, colaboradores del diario EXPRESO, fueron blanco de la imputación de organización criminal luego de revelar públicamente las actividades financieras de Barreto. Entre las revelaciones se encontraba la adquisición de un terreno en Asia por parte de Barreto, así como la desmentida de un documento por parte de EsSalud, el cual la fiscal utilizaba para solicitar descanso médico y obtener beneficios económicos.

«Quiero decirle a la señora Marita Barreto, a esta mala fiscal, que el periodismo no se va a arrodillar delante de ella ni delante de ningún personaje, jurídico o político, que pretenda menoscabar o minimizar el trabajo periodístico», enfatizó Sánchez, destacando la firmeza de la comunidad periodística frente a los intentos de intimidación.

José Briceño relató las dificultades enfrentadas al intentar establecer un diálogo con la fiscal Barreto, siendo desestimado y desacreditado por las autoridades. Asimismo, Rafael Romero destacó la falta de transparencia en la Fiscalía de lavado, señalando la pérdida de registros y la ausencia de investigaciones adecuadas.

Este caso ha despertado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, resaltando la importancia de proteger la libertad de prensa y el derecho a la información en todas las instancias. La denuncia ante la ONU marca un paso significativo en la lucha por la justicia y la defensa de los principios democráticos fundamentales.

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