Los congresistas enfrentan denuncias de corrupción, lavado de activos y otros delitos, mientras la credibilidad del Congreso se desploma.
La imagen del Congreso de la República continúa deteriorándose con la reciente revelación de que 67 de los actuales parlamentarios están bajo investigación por un total de 729 delitos. Según una solicitud de acceso a la información pública realizada por La República al Ministerio Público, los congresistas deben responder por acusaciones que incluyen corrupción, recorte de sueldos, contrataciones fantasmas y confabulaciones.
El Ministerio Público detalló que 50 de estos legisladores son investigados por delitos contra la administración pública, fe pública y patrimonio. Además, 17 congresistas enfrentan cargos por lavado de activos, contenciosos administrativos y delitos contra la tranquilidad pública. De estos, nueve ya tienen sentencias con restricciones emitidas por el Poder Judicial.
La situación legal de los 130 parlamentarios del periodo 2021-2026 fue esclarecida mediante carpetas fiscales específicas que desglosan las denuncias y las investigaciones en curso. Esta información no solo pone en evidencia las faltas individuales, sino que también resalta la falta de prestigio, credibilidad y transparencia que ha caracterizado al Congreso en los últimos años.
El Congreso de la República, uno de los poderes del Estado más cuestionados, enfrenta así un duro golpe a su reputación, al quedar al descubierto las serias acusaciones que pesan sobre sus miembros. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando respuestas y acciones concretas para restaurar la confianza en sus instituciones democráticas.
