El pasado lunes, Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, no se presentó a la audiencia en la que el juez Richard Concepción Carhuancho decidiría si dictar los 36 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía. La investigación está relacionada con el caso ‘Waykis en la Sombra’, una presunta red de tráfico de influencias.
El abogado de Boluarte, Luis Vivanco, informó al magistrado que no había logrado comunicarse con su cliente. Mientras tanto, vecinos de la vivienda de Boluarte, ubicada en San Borja, afirmaron que no lo han visto en días.
Detalles de la investigación
Según la Fiscalía, Nicanor Boluarte sería líder de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias. Se le acusa de usar su posición para designar prefectos y subprefectos a favor del partido Ciudadanos por el Perú. Entre los imputados se encuentra también Jorge Ortiz Marreros, exjefe de la Dirección de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, quien reportó problemas técnicos durante la audiencia.
El juez Concepción Carhuancho declaró previamente inconstitucional una nueva ley de crimen organizado aprobada por el Congreso, la cual habría beneficiado a funcionarios públicos. A pesar de las objeciones, señaló que existen graves indicios que vinculan a Boluarte con actividades ilícitas.
La postura de Dina Boluarte
La presidenta Dina Boluarte ha defendido públicamente a su hermano, asegurando que no está vinculado al Gobierno ni a ninguna organización delictiva. En varias oportunidades, ha calificado las acusaciones como difamatorias.
Por otro lado, la Fiscalía sostiene que los hechos atribuidos a Boluarte son graves y reúnen los requisitos para una prisión preventiva, como elementos de convicción sólidos, una posible pena mayor a cinco años y riesgo procesal.
Implicados en el caso
Además de Nicanor Boluarte, otras personas están siendo investigadas. Entre ellas se encuentran el abogado Mateo Castañeda, Jorge Ortiz Marreros y Noriel Chingay Salazar. La tesis fiscal indica que esta presunta organización criminal colocó personas afines en puestos estratégicos dentro del aparato estatal, incluyendo prefecturas, el Instituto Peruano de Deporte (IPD) y Provías Descentralizado.
Próximos pasos en el caso
El juez Concepción Carhuancho, quien lleva tres meses evaluando el pedido de prisión preventiva, anunciará pronto su decisión sobre Boluarte y los demás implicados. El fallo es esperado con gran interés, dado el impacto que podría tener en la percepción pública del Gobierno.
En tanto, la ausencia de Nicanor Boluarte genera más preguntas que respuestas, y la falta de comunicación con su abogado añade incertidumbre al proceso judicial.