Congreso archiva la Ley MAPE en plena ola de protestas. Mientras el Gobierno se niega a ceder ante los mineros informales, miles de ciudadanos quedan atrapados en el caos de un conflicto que ya afecta al transporte, la economía y la estabilidad social.
La crisis minera que sacude al país ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. Desde el pasado 4 de julio, miles de mineros artesanales e informales vienen bloqueando las principales vías nacionales en señal de protesta por la exclusión de más de 50 mil inscripciones suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La situación ha escalado en violencia, afectando la seguridad, el abastecimiento y el transporte interregional.
La gota que derramó el vaso fue la reciente decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que rechazó el predictamen de la Ley MAPE, una norma que pretendía ampliar el proceso de formalización, cambiar el nombre del REINFO a RENAPMA, y mantener condiciones de ingreso similares al régimen anterior. Con 12 votos en contra, la iniciativa fue archivada, pese a las solicitudes de reconsideración de algunos legisladores.
¿Cómo empezó todo?
La raíz del conflicto se encuentra en el Decreto Supremo N.° 012-2025-EM, publicado en junio, que prorroga el REINFO hasta el 31 de diciembre de este año solo para los mineros que hayan cumplido los requisitos establecidos. Esto dejó fuera del proceso a más de 50 mil personas cuyas inscripciones estaban suspendidas por falta de avances o irregularidades.
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el 90% de estos mineros no han presentado documentación en más de cuatro años y, en algunos casos, estarían involucrados en tráfico de oro hacia Bolivia y Ecuador.
La decisión del Ejecutivo provocó una ola de protestas lideradas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y la Fenamarpe, que iniciaron un paro indefinido con bloqueos en Arequipa, Cusco, La Libertad, Ica y Lima.
¿Qué exigen los mineros?
Los gremios mineros alegan que la exclusión masiva es injusta y arbitraria. Reclaman un proceso de formalización más inclusivo, con reglas claras y plazos razonables. Exigen la aprobación de la Ley MAPE como vía para continuar con su actividad legalmente, ampliar el acceso al nuevo registro RENAPMA, y recibir garantías de seguridad jurídica, social y económica.
Además, denuncian que el REINFO actual favorece solo a un pequeño grupo y deja desprotegidos a miles de trabajadores que viven de la minería artesanal.
¿Qué dice el Gobierno?
El Ejecutivo ha tomado una postura firme. La presidenta Dina Boluarte declaró en conferencia de prensa que el Estado no cederá ante el chantaje de grupos informales, y que el proceso de formalización solo continuará para los 31,560 mineros que sí cumplieron con los requisitos.
El ministro Jorge Montero anunció la creación de un nuevo Fondo Minero, que ofrecerá créditos preferenciales, asistencia técnica y canales de comercialización a quienes formalicen su actividad, siempre que cumplan cinco pasos: completar documentación, firmar contratos con concesionarios, asegurar condiciones laborales, cumplir con normativas ambientales y adherirse al fondo.
“No permitiremos más situaciones como Pataz”, advirtió Boluarte, en referencia a los conflictos armados en zonas mineras vinculados al crimen organizado.
El impacto social: caos en las rutas y desabastecimiento
La protesta ha tenido efectos colaterales devastadores:
- 🚧 Más de 2,000 vehículos varados, incluidos buses interprovinciales y camiones de carga, especialmente en la Panamericana Sur (tramos entre Nasca y Ocoña).
- 💧 En Ocoña, Arequipa, el arribo de más de 500 mineros provocó desabastecimiento de agua potable.
- 🚌 Miles de pasajeros varados, muchos de ellos con niños y ancianos, sin acceso a alimentos, agua o baños.
- 🧑⚕️ Varios heridos por ataques con piedras a buses que intentaron cruzar los piquetes, incluyendo menores de edad.
- 📉 Más de 1,000 cancelaciones turísticas en Nasca y pérdidas millonarias en el sector hotelero y de sobrevuelos.
- 🛒 Alza de precios de alimentos y agua en zonas bloqueadas.
¿Y ahora qué?
Pese al rechazo congresal del predictamen de la Ley MAPE, algunos congresistas han solicitado su reconsideración, lo que podría ser evaluado en la próxima legislatura. Sin embargo, los ánimos están caldeados.
El Minem exige que se levanten los bloqueos para reanudar el diálogo, pero los manifestantes insisten en mantener la presión hasta lograr la restitución de sus inscripciones y la aprobación de una ley que les permita seguir operando sin criminalización.
¿Qué está en juego?
Este no es solo un conflicto minero. Lo que se discute es el modelo de formalización en un país con más de 100 mil trabajadores mineros fuera del marco legal, la fragilidad del Estado frente a la minería ilegal, y la necesidad de construir una política pública que sea técnica, justa y sostenible.
Las repercusiones sociales y económicas son inmediatas, pero también está en juego la autoridad del Estado, la protección del medioambiente y la integridad de patrimonios culturales como las Líneas de Nasca, que ya han sido vulneradas por explotaciones ilegales.
Conclusión
Mientras el país se polariza entre discursos de legalidad y reclamos de supervivencia, la realidad en las carreteras es cruda: hay hambre, miedo y desesperación. El Estado exige orden. Los mineros piden inclusión. Y el resto del Perú, atrapado entre ambos, espera una salida que no sacrifique derechos ni normalice el caos.