El Ministerio de Economía y Finanzas impulsa un cambio significativo con la aprobación del Reglamento de la Ley N° 32069, marcando un hito en la modernización de la gestión pública.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dado un paso trascendental en la modernización de las contrataciones del Estado con la aprobación del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, a través del Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Este reglamento promete transformar los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras en el país, priorizando la calidad, la transparencia y la eficiencia en cada etapa, con el objetivo final de beneficiar a todos los ciudadanos peruanos.
El nuevo reglamento introduce importantes innovaciones normativas y operativas que buscan optimizar los procedimientos de contratación en todos los niveles de gobierno. Una de las principales novedades es la implementación del principio de Valor por Dinero, que prioriza la calidad por encima del precio. Este enfoque garantiza que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente, maximizando su impacto en la calidad de los bienes y servicios adquiridos, así como en la ejecución de obras.
Además, el reglamento moderniza la gestión de los contratos de obras públicas al incorporar medidas específicas para prevenir conflictos y evitar paralizaciones. La creación de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es una de las herramientas clave en este aspecto, ya que busca abordar problemas antes de que escalen, promoviendo así una ejecución más fluida de los proyectos.
Entre otras innovaciones destacan las compras públicas de innovación y las compras centralizadas, diseñadas para fomentar la competitividad y la eficiencia. Las compras centralizadas, en particular, permitirán agrupar las adquisiciones de bienes y servicios comunes, optimizando costos y recursos. Asimismo, el reglamento incluye un marco normativo específico para situaciones de emergencia, facilitando respuestas rápidas y efectivas por parte del Estado en momentos críticos.
Con la entrada en vigor del reglamento en 90 días, el MEF tiene la tarea de garantizar su correcta implementación. Para ello, desplegará una campaña nacional de capacitación y difusión dirigida a las entidades públicas de los niveles nacional, regional y local. Este esfuerzo incluirá la emisión de directivas y guías complementarias que proporcionarán herramientas adicionales para que las instituciones adopten las nuevas disposiciones de manera efectiva.
Es importante destacar que este reglamento no solo busca mejorar los procedimientos internos del sector público, sino que también representa un paso clave en las reformas necesarias para que Perú logre su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). Este proceso de modernización es fundamental para elevar los estándares de gestión pública del país, promoviendo una administración más competitiva y transparente.
Sin embargo, este ambicioso marco normativo también enfrenta desafíos significativos. La correcta implementación del principio de Valor por Dinero, por ejemplo, dependerá de un cambio cultural dentro de las instituciones públicas, así como de una fiscalización rigurosa para garantizar que las prioridades de calidad no sean socavadas por malas prácticas o intereses políticos. Asimismo, la efectividad de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas estará sujeta a su capacidad para operar de manera independiente y objetiva.
El reglamento consta de 13 títulos, 389 artículos y múltiples disposiciones complementarias y transitorias, lo que refleja su amplitud y detalle técnico. Su implementación será un proceso complejo, pero también una oportunidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Con este nuevo reglamento, el MEF busca sentar las bases para una administración pública moderna y eficiente, capaz de responder a las necesidades de la población de manera ágil y transparente. En los próximos meses, la atención estará puesta en cómo estas reformas se traducen en resultados concretos para los ciudadanos peruanos.