La aprobación del informe contra Sagasti plantea dudas sobre la motivación detrás de la inhabilitación, avivando el debate sobre el uso del poder legislativo para intereses políticos.
La política peruana vive un nuevo capítulo de controversias, esta vez protagonizado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, que aprobó un informe final recomendando la inhabilitación por 10 años del expresidente Francisco Sagasti. A él y a sus exministros del Interior, Rubén Vargas Céspedes y José Elice Navarro, se les acusa de abuso de autoridad y nombramiento ilegal en noviembre de 2020, tras el retiro de altos mandos de la Policía Nacional. Pero, ¿es esta medida una defensa de la institucionalidad o un golpe político enmascarado?
El trasfondo de la acusación
La decisión de retirar a tres tenientes generales y dieciséis generales de la Policía Nacional se tomó en un contexto crítico: las protestas contra la cuestionada presidencia de Manuel Merino, que dejaron como saldo la trágica muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado. La justificación del gobierno de Sagasti en ese momento fue garantizar estabilidad institucional y responder a un clamor ciudadano que exigía reformas en una Policía señalada por su represión violenta. Sin embargo, el Congreso actual ve estas acciones como “arbitrarias y abusivas”, según lo argumentado por el congresista Jorge Montoya.
El informe, aprobado con 15 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, sostiene que Sagasti infringió diversos artículos de la Constitución y el Código Penal, debilitando la moral de la Policía Nacional. De ser aceptado por la Comisión Permanente y posteriormente por el Pleno, el expresidente sería inhabilitado para ejercer funciones públicas por una década.
Críticas al proceso y sospechas de motivaciones políticas
Las reacciones no se hicieron esperar. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, calificó el intento de inhabilitación como una “acción propia de la dictadura de Maduro”, aludiendo a una estrategia para eliminar adversarios políticos de cara a las elecciones de 2026. Según Cateriano, esta medida refleja un deterioro de la institucionalidad democrática y un Congreso autoritario que busca silenciar a figuras que simbolizan su derrota.
Por su parte, Rosa María Palacios, periodista y analista política, señaló que la motivación real detrás de la inhabilitación no radica en las acciones de Sagasti, sino en su simbolismo. “Sagasti representa la derrota de Merino y un recordatorio incómodo de un episodio oscuro del Congreso”, opinó. Este ánimo de “venganza”, como lo calificó, ignora que el expresidente ya ha descartado aspiraciones políticas futuras.
¿Qué gana el Congreso con esta medida?
Las preguntas sobre las verdaderas intenciones del Congreso son inevitables. ¿Por qué inhabilitar a Sagasti ahora? Algunos analistas sugieren que esta acción busca consolidar el poder legislativo frente a figuras que encarnan valores democráticos y reformistas, una narrativa incómoda para ciertos sectores políticos. Otros señalan que se trata de una estrategia para desviar la atención de temas urgentes, como las denuncias de corrupción y la baja aprobación del Parlamento.
La aparente facilidad con la que se aprobó el informe también genera suspicacias. Según José Elice, exministro del Interior y abogado de Sagasti, los argumentos presentados “importan poco o nada” cuando los votos ya están asegurados. Estas palabras reflejan una percepción preocupante: un Congreso que actúa más por interés político que por principios constitucionales.
El impacto en la democracia peruana
Más allá de las implicancias inmediatas para Sagasti, este caso pone en evidencia un problema mayor: el uso de las instituciones como herramientas de persecución política. En una democracia sólida, las decisiones legislativas deben ser transparentes, imparciales y orientadas al bien común. Cuando el Congreso recurre a inhabilitaciones selectivas, corre el riesgo de socavar la confianza pública y perpetuar la polarización política.
Es crucial que este caso sea evaluado con rigor y que el derecho a la defensa de los acusados sea respetado. De lo contrario, el Perú podría estar frente a un precedente peligroso: la normalización de la inhabilitación como arma política.
El intento de inhabilitar a Francisco Sagasti plantea interrogantes sobre las prioridades del Congreso peruano. En lugar de enfocarse en fortalecer la institucionalidad y responder a las demandas ciudadanas, el Parlamento parece más interesado en reescribir la historia reciente a su conveniencia. La democracia peruana enfrenta un momento crítico, y solo la transparencia y el respeto por el estado de derecho podrán evitar que esta crisis erosione aún más la confianza en las instituciones. voz en apoyo a las víctimas y en defensa de un futuro libre de violencia.