El Ejecutivo propone el despliegue de 600 militares de EE. UU. en apoyo a la seguridad del evento APEC 2024 en Perú, con financiamiento del Departamento de Defensa estadounidense y sin costo adicional para el país.
El Gobierno de Dina Boluarte ha solicitado oficialmente al Congreso de la República la autorización para el ingreso de tropas estadounidenses durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, que se celebrará en Lima del 4 al 24 de noviembre. A través del proyecto de resolución legislativa 9397/2024-PE, el Ejecutivo detalla que el despliegue consistiría en 600 militares estadounidenses provenientes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina, quienes contribuirán a las operaciones de seguridad antes, durante y después de este evento internacional.
La cumbre APEC reunirá a representantes de las 21 economías más importantes de la región Asia-Pacífico, incluyendo figuras de renombre como el presidente de China, Xi Jinping. En su exposición de motivos, el Ejecutivo argumenta que la presencia de tropas estadounidenses fortalecerá la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad peruanas y asegura que la operación será financiada completamente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, evitando así un gasto adicional al Estado peruano.
El documento, que lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte, el jefe del Gabinete Ministerial Gustavo Adrianzén, y el ministro de Defensa Walter Astudillo, también menciona el arribo de aviones, helicópteros, armas de guerra y equipos logísticos, como camiones de recarga de combustible y equipos de apoyo para operaciones aéreas. Según lo especificado, las actividades de estas tropas se llevarán a cabo principalmente en Lima, Pisco y Chiclayo, con un enfoque en tareas de monitoreo y apoyo logístico.
No obstante, esta solicitud llega en un contexto tenso, ya que los gremios de transportistas han anunciado un paro nacional que se extenderá del 13 al 15 de noviembre, en coincidencia con las fechas de la cumbre. Este paro, convocado en protesta por la inseguridad y la falta de acción del Gobierno, añade una capa de complejidad a las decisiones del Congreso, el cual deberá evaluar cuidadosamente la solicitud del Ejecutivo en medio de una posible movilización social.
En el Congreso, la propuesta ha sido derivada a la Comisión de Defensa, donde se espera que sea revisada en detalle. Legisladores de diversas bancadas han expresado opiniones mixtas; mientras algunos consideran que la colaboración con tropas extranjeras puede asegurar la integridad del evento y de los asistentes internacionales, otros cuestionan la presencia de armas de guerra y las implicaciones de soberanía que esto podría acarrear.
Un aspecto que el Gobierno resalta como positivo es el financiamiento de la operación por parte de Estados Unidos, lo que evita costos adicionales para el Perú. Los defensores del proyecto dentro del Ejecutivo señalan que la cooperación internacional en eventos de alto perfil no solo garantiza seguridad, sino que también refuerza las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, promoviendo una imagen de compromiso y cooperación.
Por otro lado, la Junta de Portavoces del Congreso ha programado una Semana de Representación del 11 al 15 de noviembre, coincidiendo con el paro de los transportistas. Esta decisión busca evitar una posible confrontación entre los congresistas y los ciudadanos en medio de las protestas. Así, el Congreso planea cumplir sus funciones representativas sin agravar las tensiones sociales durante la cumbre.
Al margen de los beneficios presentados por el Ejecutivo, algunos analistas destacan los riesgos de autorizar el ingreso de tropas extranjeras, especialmente en el contexto de las protestas y la situación política interna. Sin embargo, el Gobierno subraya que la presencia militar es una medida temporal y específica para la cumbre de APEC, aclarando que la salida de las tropas está programada para después del evento.
De aprobarse el proyecto, la colaboración con las fuerzas de Estados Unidos podría establecer un precedente de cooperación militar en eventos de gran magnitud. La decisión final recaerá en el Congreso, quien deberá sopesar tanto los beneficios de seguridad como las preocupaciones de soberanía antes de dar luz verde a la solicitud del Ejecutivo.momento adecuado.
