El conflicto por la Fiscalía de la Nación entre Espinoza vs. Benavides pone en evidencia la fragilidad institucional del Perú y la creciente interferencia entre el poder político y los organismos autónomos.
El 13 de junio de 2025, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió la Resolución N.º 231-2025-JNJ, en la que ordenó la reposición inmediata de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Lo que parecía una formalidad jurídica desató uno de los mayores enfrentamientos por el control del Ministerio Público en los últimos años, generando una grieta institucional que aún no encuentra solución.
Primera escena: el regreso frustrado
El lunes 16 de junio, apenas tres días después de conocerse la decisión de la JNJ, Patricia Benavides se presentó en la sede del Ministerio Público acompañada por personal policial y de su entorno legal para retomar funciones. No logró ingresar.
Delia Espinoza, quien ocupaba el cargo de fiscal de la Nación desde octubre de 2024, había sido nombrada por la Junta de Fiscales Supremos y se mantuvo firme en su despacho. La escena fue tensa. Se activaron vigilias en el edificio y Espinoza, temiendo un eventual desalojo, decidió pernoctar en su oficina con su equipo legal.
Ese mismo día, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un documento en el que le otorgaba resguardo a Patricia Benavides “con carácter de urgencia”, tratándola como fiscal de la Nación. La decisión se interpretó como un reconocimiento tácito, lo cual generó alarma.
Sin embargo, el 22 de junio, la PNP publicó un comunicado rectificando su posición: aseguró que su accionar respondió a una solicitud acompañada de la resolución de la JNJ y que no tiene competencia para definir quién ostenta la titularidad de la Fiscalía. Añadió que daba resguardo a ambas funcionarias “en respeto al orden democrático”.
El silencio del Ejecutivo y los oficios sin nombre
Paralelamente, el Gobierno de Dina Boluarte fue acusado de alinearse con Benavides. Una evidencia de ello fue la emisión de un oficio del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), entidad adscrita al Ministerio del Interior. El documento, firmado por encargo del premier Eduardo Arana, omitió deliberadamente el nombre de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, consignando solo el título del cargo.
El gobernador regional de Áncash, Koky Noriega, alertó que ese documento, emitido desde el Ejecutivo, evidenciaba una posición política contraria a Espinoza. “Con eso ya tenemos una posición fija del Ejecutivo que dice mucho”, afirmó.
Horas después, se anunció la suspensión de la sesión del Conasec, donde Espinoza debía participar, por “motivos de fuerza mayor”.
El frente judicial y las investigaciones cruzadas
Mientras tanto, Espinoza activó su defensa institucional. Solicitó en reiteradas oportunidades a la JNJ que le remita el acta y el video de la sesión donde se acordó la reposición de Benavides, alegando que no se cumplían los procedimientos internos. La JNJ ignoró sus requerimientos, y el documento fue firmado no por el presidente del organismo, sino por una directora encargada.
En respuesta, Espinoza abrió una investigación penal contra seis miembros de la JNJ por los presuntos delitos de avocamiento indebido y falsedad ideológica. El presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, devolvió la notificación y declaró que no reconoce la autoridad de Espinoza.
La situación se tornó aún más polémica cuando la JNJ amenazó formalmente con usar la “fuerza pública” si Espinoza no reponía a Benavides. Este oficio fue firmado por la directora de Procedimientos Disciplinarios, Magnolia Martínez Hidalgo, sin respaldo del pleno de la JNJ. La medida fue duramente cuestionada por juristas, que advirtieron que la ejecución forzosa de esa resolución carecería de base legal mientras no haya un fallo judicial firme que la respalde.
Los abogados entran al tablero
Humberto Abanto, abogado de Benavides, acusó públicamente a Espinoza de usurpar funciones y denunció persecución contra su patrocinada. “La orden de la JNJ es absolutamente válida”, afirmó. También advirtió que hay una tendencia preocupante a criminalizar la defensa legal, al referirse a un eventual allanamiento de su estudio jurídico, y recordó que la Constitución protege el secreto profesional de los abogados.
Por su parte, la defensa de Espinoza se apoya en un precedente del Tribunal Constitucional que establece que ningún fiscal puede investigar causas en las que esté personalmente involucrado. Por tanto, si se le declara parte interesada, deberá derivar el caso al fiscal supremo más antiguo, Pablo Sánchez.
Las sombras detrás del fallo: el factor Távara
Una revelación añadió tensión al conflicto. Francisco Távara, miembro titular de la JNJ, denunció que se excusó de votar la reposición de Benavides por considerar que el caso ya había sido resuelto y estaba judicializado. Acusó al presidente Gino Ríos y a la vicepresidenta María Teresa Cabrera de hostigamiento interno y afirmó haber sido “reglado” por choferes impuestos por la propia JNJ.
Estas declaraciones cuestionan la legalidad y legitimidad de la votación que restituyó a Benavides, y fortalecen la narrativa de Espinoza sobre la existencia de irregularidades internas en el proceso.
Análisis: entre la legalidad y la legitimidad
Este conflicto institucional entre dos fiscales de la Nación plantea un dilema grave: el cruce de competencias entre el Poder Ejecutivo, la JNJ, el Ministerio Público y la PNP ha derivado en un vacío de autoridad que afecta directamente la credibilidad del sistema de justicia peruano.
Por un lado, la JNJ insiste en que su resolución es válida y exige su cumplimiento inmediato. Por otro, la Junta de Fiscales Supremos defiende la elección de Espinoza y sostiene que la restitución de Benavides debe pasar por sus propios procesos internos. Mientras tanto, el Ejecutivo se mueve en una zona gris, evitando pronunciarse abiertamente, pero emitiendo señales que refuerzan la figura de Benavides.
La politización de las decisiones institucionales es evidente. La PNP y el Conasec han adoptado posiciones ambiguas o contradictorias, y el propio Ministerio del Interior ha reconocido que la situación es “compleja”.
¿Qué significa esto para la política peruana?
Este episodio refleja el deterioro del sistema de pesos y contrapesos en el Perú. Cuando los organismos constitucionalmente autónomos como la JNJ, el Ministerio Público y la Policía entran en conflicto abierto, la estabilidad democrática se resiente.
La disputa entre Espinoza y Benavides no solo evidencia fracturas internas en la Fiscalía, sino también una preocupante interferencia política. La amenaza de usar la fuerza pública para ejecutar decisiones aún discutidas jurídicamente sienta un precedente alarmante.
Además, el silencio estratégico del Ejecutivo y la actuación errática de la PNP abonan a la desconfianza ciudadana. En un país sacudido por crisis sucesivas, esta pugna representa algo más que una batalla de poder: es el reflejo de un Estado que, una vez más, no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en quién debe garantizar la legalidad.