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Congreso redefine la elección del presidente del JNE: ¿Un cambio necesario?
El Congreso aprobó una reforma que cambia la elección del presidente del JNE y limita mandatos en ONPE y Reniec, generando debates sobre su impacto en el sistema electoral.

Congreso redefine la elección del presidente del JNE: ¿Un cambio necesario?

Con una reforma constitucional pendiente de ratificación, el Congreso plantea nuevas reglas para la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y limita la reelección de jefes de ONPE y Reniec.

Congreso aprueba reforma para cambiar elección del presidente del JNE

Con 87 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el Congreso de la República aprobó en primera votación el proyecto de reforma constitucional que modifica el mecanismo para elegir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este cambio busca que el titular del JNE sea seleccionado por su propio pleno, dejando atrás el sistema actual en el que el representante de la Corte Suprema asumía automáticamente el cargo por un periodo de cuatro años.

Detalles de la reforma

El proyecto, impulsado por la congresista Elizabeth Medina del Bloque Magisterial, propone que los miembros del pleno del JNE —compuesto por representantes de la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Lima, y representantes de universidades públicas y privadas— elijan al nuevo presidente. Además, el mandato de este se reduciría de cuatro a dos años, un cambio que podría generar problemas legales y logísticos, especialmente en pleno proceso electoral.

La disposición final señala que, una vez en vigor, se elegiría un nuevo presidente del JNE, impactando directamente en el actual titular, Roberto Burneo, quien representa a la Corte Suprema y cuyo mandato estaba previsto hasta noviembre de 2026.

Implicancias legales y desafíos

Uno de los puntos más controvertidos es cómo se aplicará esta reforma durante procesos electorales en marcha. Según la Constitución, no se puede alterar la composición del JNE una vez iniciado un proceso electoral. Esto plantea preguntas sobre qué ocurrirá si un presidente cumple su periodo en pleno desarrollo de elecciones generales, como las programadas para 2026.

Además, la norma no especifica quién asumirá la presidencia en caso de ausencia temporal del titular por enfermedad, licencia o viajes. Actualmente, por costumbre, el representante de la Corte Suprema era reemplazado por el del Ministerio Público. Con este nuevo modelo, será necesario establecer un protocolo claro para evitar vacíos de poder.

Cambios en ONPE y Reniec

Paralelamente, la Comisión de Constitución incluyó en la reforma un cambio significativo respecto a los mandatos de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Se propone limitar sus mandatos a cuatro años, eliminando la posibilidad de reelección.

Actualmente, Piero Corvetto y Carmen Velarde, líderes de la ONPE y Reniec, fueron ratificados en sus cargos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) este año. La reforma busca evitar que los mismos funcionarios repitan mandato, argumentando la necesidad de renovación constante en estas entidades.

Reacciones y contexto político

Desde las elecciones de 2021, Fuerza Popular y otros partidos han promovido modificaciones en los organismos electorales tras las derrotas de su lideresa, Keiko Fujimori. Estos cambios han generado preocupación entre analistas políticos, quienes señalan que podrían debilitar la independencia de los organismos encargados de garantizar procesos electorales transparentes.

Por otro lado, defensores de la reforma argumentan que estas medidas son necesarias para democratizar la elección del presidente del JNE y garantizar la alternancia en entidades clave como la ONPE y Reniec.

¿Qué sigue para esta reforma?

Para que la reforma entre en vigor, deberá ser ratificada en una segunda votación durante la próxima legislatura, prevista para marzo. Esto ocurrirá antes de que la presidenta Dina Boluarte convoque formalmente las elecciones generales de 2026.

De ser aprobada, la norma podría transformar el panorama electoral peruano, pero también plantea grandes retos legales y operativos. ¿Será este un paso hacia una mayor transparencia o un riesgo para la institucionalidad electoral?