Reforma constitucional que impedía la participación de condenados por delitos graves no alcanzó los votos necesarios en el Pleno del Congreso.
Fracasa reforma para bloquear candidaturas
El Congreso de la República no alcanzó los 87 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional que buscaba impedir que personas con sentencias por delitos graves postulen en las elecciones generales del 2026. La propuesta recibió 64 votos a favor, 26 en contra y 5 abstenciones, quedando lejos del consenso requerido para la primera votación.
La iniciativa, presentada desde la Comisión de Constitución, planteaba la inhabilitación por 10 años de quienes cumplieron condenas por delitos como terrorismo, tráfico ilícito de drogas y atentados contra la seguridad nacional. Sin embargo, dejó fuera delitos como corrupción y lavado de activos, lo que generó críticas desde varias bancadas.
Bancadas divididas
El debate mostró una clara división política. Mientras Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Avanza País y otros apoyaron la reforma, las bancadas de izquierda como Perú Libre y Juntos por el Perú votaron en contra. Legisladores de estas últimas argumentaron que la propuesta era discriminatoria y politizada, al estar aparentemente dirigida contra figuras específicas como Antauro Humala, líder etnocacerista que podría postular tras cumplir su condena por el “Andahuaylazo”.
Delitos excluidos generan controversia
Uno de los puntos más criticados fue la exclusión de delitos como corrupción y lavado de activos del texto final del proyecto. Esta omisión levantó cuestionamientos sobre la falta de interés del Congreso en sancionar a políticos relacionados con estos crímenes. Especialistas en derecho electoral señalaron que esta exclusión refleja una prioridad sesgada en la lucha contra la corrupción.
“Es preocupante que delitos como peculado y colusión no estén en la lista, mientras se insiste en un discurso de mano dura solo para ciertos casos”, indicó un analista.
Impacto en las elecciones del 2026
De haberse aprobado, la reforma habría modificado el artículo 34-A de la Constitución, estableciendo inhabilitaciones claras para candidatos con antecedentes graves. También proponía cambios en el artículo 39-B, que habría impedido a estos sentenciados ocupar cargos de confianza en el Estado.
La reforma buscaba aplicarse antes de abril de 2026, cuando la presidenta Dina Boluarte debe convocar oficialmente las elecciones generales. Sin embargo, los plazos legislativos y la falta de consenso hacen improbable que esta iniciativa prospere en el corto plazo.
Tercer fracaso constitucional en una semana
Este es el tercer intento fallido del Congreso de aprobar una reforma constitucional esta semana. Previamente, no se alcanzaron los votos necesarios para aumentar los miembros del Tribunal Constitucional ni para aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores.
Los promotores de estas iniciativas anunciaron que presentarán pedidos de reconsideración para buscar una nueva votación, aunque lograr los 87 votos requeridos parece complicado.
¿Qué sigue para el Congreso?
El rechazo a esta reforma pone en evidencia las limitaciones del Congreso para generar consensos amplios en temas trascendentales. Sin cambios normativos, figuras controvertidas con antecedentes penales, como Antauro Humala, podrían participar libremente en las elecciones del 2026.
La falta de una legislación clara sobre candidaturas deja abierta la posibilidad de que candidatos con antecedentes polémicos accedan nuevamente a cargos públicos, lo que podría generar tensiones políticas y cuestionamientos ciudadanos.
