El ministro del Interior se aferra al cargo mientras tres mociones de censura avanzan en el Pleno. En su intento por evitar la caída, lanza culpas a la migración, a los medios y al Ministerio Público, que le exige pruebas. ¿Sobrevivirá políticamente o caerá en su propia narrativa?
Juan José Santiváñez se juega su última carta, En el corazón del hemiciclo, con la mirada fija de una ciudadanía cansada y alarmada por la inseguridad. Hoy, el Congreso debate y vota tres mociones de censura que podrían sacarlo del Ministerio del Interior. La tensión es evidente. Mientras el país reclama acciones concretas frente a la violencia desbordada, el ministro ensaya una defensa basada en cifras que han sido desmentidas, justificaciones poco sostenidas y acusaciones que han terminado por abrir un frente de guerra con la Fiscalía y el Poder Judicial.
En las últimas 72 horas, el titular del Interior ha protagonizado una cruzada desesperada. No solo se presentó en el Pleno para defender su gestión, sino que luego —literalmente— caminó los pasillos del Congreso buscando convencer a congresistas indecisos. Las imágenes no mienten: reuniones discretas, puertas cerradas, llamadas urgentes. Para algunos, un acto legítimo de supervivencia política; para otros, una maniobra turbia que huele a negociación de votos.
Santiváñez enfrenta su hora más crítica mientras el Congreso decide si su permanencia en el cargo es parte de la solución o del problema.
La principal acusación contra Santiváñez no es menor: haber sido incapaz de frenar la ola de criminalidad que azota el país. El asesinato del cantante Paul Flores ‘Russo’ y del teniente alcalde de Chao, Eulalio Valverde, son apenas dos de los casos más mediáticos. Pero detrás hay una realidad más cruda: sicariato, extorsiones, asaltos y miedo cotidiano. Y frente a eso, la respuesta oficial ha sido culpar a los migrantes, acusar a los medios de “sabotaje” y responsabilizar a la Fiscalía de liberar delincuentes.
Pero la Fiscalía no se ha quedado callada. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue directa:
“Estamos en la era del ‘miente, miente que algo queda’”.
Y añadió, con firmeza, que si el ministro tiene pruebas de liberaciones ilegales, que las muestre. La tensión institucional se disparó. El Ministerio Público incluso desmintió las cifras dadas por Santiváñez, calificándolas de “infladas” y “malintencionadas”. El vocero Víctor Cubas fue claro:
“Lo que busca es desprestigiarnos ante la opinión pública”.
En paralelo, el coronel en retiro Harvey Colchado, figura clave en la lucha contra el crimen organizado, denunció que el ministro ha inflado resultados y que, incluso con datos en mano, ha desmantelado menos organizaciones criminales que en el mismo periodo del año anterior.
A pesar de todo, Santiváñez cuenta con el respaldo de la presidenta Boluarte y del premier Adrianzén. Ambos han defendido su permanencia. Boluarte incluso aseguró que el ministro ha dejado “alma y corazón” en su labor. Pero el respaldo político no necesariamente se traduce en respaldo parlamentario. Hoy, se necesitan 66 votos para que la censura prospere. Las cuentas están ajustadas. Si algunos congresistas no se presentan o si ciertos bloques no votan en bloque, el resultado podría inclinarse por la mínima.
El escenario está servido. Si Santiváñez sobrevive hoy, lo hará con una legitimidad mellada y un ministerio enfrentado con el resto del sistema de justicia. Si cae, lo hará dejando una gestión cuestionada, sin plan claro de seguridad, pero con el ruido de una batalla política que aún no termina.
En el Perú de hoy, la inseguridad no espera. Y la política tampoco perdona.
