La nueva ley propone que los adolescentes de 16 y 17 años sean considerados imputables por delitos graves, lo que ha generado un debate sobre la protección de sus derechos fundamentales.
Aprobación del Proyecto de Ley
El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para incluir a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables por delitos graves. La modificación establece que aquellos menores de edad que cometan crímenes como parricidio, homicidio, feminicidio, secuestro, trata de personas, entre otros, puedan ser sometidos a juicio y sentenciados a prisión. La iniciativa fue respaldada por 44 congresistas, con 24 votos en contra y 21 abstenciones.
Este cambio busca responder a la creciente preocupación sobre el aumento de la criminalidad cometida por menores de edad. A través de esta medida, el Congreso pretende reducir la impunidad en casos graves y enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad penal de los adolescentes que cometen delitos.
Propuestas del Proyecto de Ley
El proyecto de ley plantea una serie de modificaciones que incluyen delitos como sicariato, explotación sexual de menores, pornografía infantil, extorsión, fabricación y distribución de armas, entre otros. Según el dictamen, se trata de una medida excepcional que solo se aplicaría en los casos más graves. La propuesta también aborda la situación de los adolescentes extranjeros que participan en bandas criminales, quienes estarían igualmente sujetos a esta nueva norma.
El congresista Isacc Mita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, destacó que el objetivo de esta ley es combatir la criminalidad y restaurar la seguridad ciudadana. Para él, se trata de una forma de ofrecer mayor confianza a la población frente al temor de que los delitos cometidos por menores queden impunes.
Posturas Contrarias y Defensoría del Pueblo
Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de controversia. La congresista Flor Pablo Medina, exministra de Educación, ha expresado su desacuerdo con la propuesta, argumentando que esta ley vulnera los derechos de los adolescentes. En su intervención, destacó que el enfoque debe ser más preventivo y orientado a la rehabilitación, en lugar de recurrir a sanciones tan drásticas como la prisión.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo también ha mostrado su oposición a la ley, considerando que va en contra de los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que promueve un enfoque de protección integral. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, adelantó que llevará el caso al Tribunal Constitucional para que se revise si la nueva ley es compatible con los derechos fundamentales de los menores.
Impacto en el Sistema Penal
La ley tiene un impacto directo sobre el sistema penal, ya que incorpora a un grupo vulnerable de la población dentro del marco de la responsabilidad penal. Algunos críticos sostienen que este tipo de medidas solo profundizan la criminalización de los jóvenes, sin abordar adecuadamente las causas que los llevan a cometer delitos.
A lo largo del debate, se ha argumentado que el sistema judicial debe ser más inclusivo y preventivo, enfocándose en la rehabilitación y la reintegración social de los adolescentes infractores, en lugar de someterlos a penas de prisión que podrían agravar su situación.
Una Ley Controvertida
La polémica sigue abierta, y aunque la mayoría de congresistas ha respaldado la ley, muchos sectores de la sociedad se mantienen en alerta, temiendo que esta medida no sea la más adecuada para resolver los problemas de criminalidad juvenil. Lo que está claro es que este proyecto ha generado un intenso debate sobre los derechos de los niños y adolescentes frente a la necesidad de hacer justicia por los delitos cometidos.