El exparlamentario, que ya se encuentra en prisión preventiva, recibió una condena de 13 años y 4 meses por el delito de violación sexual agravada, y enfrenta la posibilidad de apelación.
Un Veredicto de Justicia para la Víctima
El excongresista Freddy Díaz Monago ha sido condenado a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de violación sexual agravada, según la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el 8 de agosto de 2024. Este fallo representa una respuesta contundente ante el grave abuso cometido en julio de 2022, cuando Díaz Monago, quien en ese momento ocupaba un cargo en el Congreso de Perú, atacó sexualmente a una trabajadora de su despacho.
El caso de Freddy Díaz ha sido uno de los más mediáticos y controversiales en la política peruana reciente. La condena llega tras un largo proceso judicial que comenzó con la denuncia de la víctima y se vio envuelto en una serie de acontecimientos legales y políticos que marcaron el caso. La Segunda Fiscalía Suprema Penal presentó una sólida acusación que finalmente llevó a esta condena, aunque el Ministerio Público había solicitado inicialmente una pena de 20 años.
El 26 y 27 de julio de 2022, Díaz Monago cometió el delito en su oficina del Congreso, situada en el jirón Azángaro, en Lima. La sentencia de la Corte Suprema ha sido considerada un adelanto de fallo, una decisión que indica que ya había pruebas suficientes para determinar el veredicto. Este tipo de sentencia anticipada ocurre en casos donde la evidencia es tan clara que el tribunal decide adelantar la decisión final.
La Batalla Legal y Política
En febrero de 2023, Díaz Monago se entregó a las autoridades después de que se le impusiera una prisión preventiva de 9 meses. Esta medida se extendió en noviembre de 2023, manteniéndolo en prisión hasta agosto de 2024. Durante este tiempo, la defensa del excongresista intentó en varias ocasiones evitar que el proceso continuara, solicitando el archivo del caso. Sin embargo, el Juzgado Supremo desestimó estas solicitudes debido a la falta de pruebas suficientes para respaldar el pedido de sobreseimiento.
El Congreso, en una primera instancia, blindó a Díaz Monago al no alcanzar los votos necesarios para su inhabilitación. Sin embargo, bajo una creciente presión pública y críticas, el Parlamento revisó su decisión y aprobó la inhabilitación por 10 años. Esta votación se realizó después de un intenso debate y una reconsideración que llevó a 77 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.
Reacciones y Consecuencias
La condena de Freddy Díaz no solo marca un hito en la justicia penal peruana, sino que también envía un mensaje claro sobre la intolerancia hacia los abusos de poder y la violencia sexual. La decisión de la Corte Suprema refleja un esfuerzo por asegurar que los responsables de estos delitos enfrenten consecuencias severas, independientemente de su estatus o poder político.
La sentencia, sin embargo, no ha sido definitiva, ya que tanto la defensa como la víctima tienen la posibilidad de apelar. Se espera que ambos lados presenten sus recursos en la segunda instancia, lo que podría prolongar el proceso judicial.
Este caso resalta la importancia de mantener la integridad en el sistema de justicia y la necesidad de proteger a las víctimas de abuso. La condena de Freddy Díaz es un paso hacia la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza pública en las instituciones encargadas de velar por la justicia y la equidad.
