El caso evidencia cómo la informalidad, la falta de control efectivo y los intereses económicos colisionan con la libertad de empresa, generando riesgos públicos y revelando vacíos legislativos que agravan el problema del transporte informal.
Las movilizaciones son un derecho constitucional, pero los disturbios generan penas severas. La propuesta de Somos Perú busca sancionar rostros ocultos y participación de menores en protestas.
La congresista Lucinda Vásquez enfrenta investigación ética por favorecer familiares y situaciones inapropiadas en su despacho; el proceso ante la Comisión de Ética sigue etapas de denuncia, investigación y posibles sanciones proporcionales.
La vacancia por incapacidad moral, desde sus orígenes constitucionales hasta hoy, refleja recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo, generando inestabilidad política que se agrava por gobernantes débiles y un Congreso dominante.
El caso de “Lady 2 soles” revela tensiones entre función policial, legalidad y proporcionalidad, mostrando excesos en la intervención y la necesidad de aplicar criterios penales y administrativos adecuados.
La Ley 32348 amplía la terminación anticipada hasta antes del juicio, permitiendo hasta tres oportunidades en casos de flagrancia, pero genera dudas sobre su impacto en la eficiencia procesal.
La Ley 32348 crea el Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia, buscando rapidez y eficacia, pero su implementación enfrenta retrasos y falta de coordinación entre Poder Judicial, Ministerio Público y Policía.
El control de plazo en la Investigación Preparatoria busca proteger el debido proceso, pero vacíos legales y demoras fiscales permiten que las investigaciones se prolonguen más allá de lo previsto.
El artículo examina la nulidad absoluta en el proceso penal peruano, su naturaleza como garantía y posible estrategia procesal, resaltando tensiones entre preclusión y tutela de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos.
El artículo analiza la prisión preventiva en juicio oral, sus fundamentos normativos y jurisprudenciales, el caso Vizcarra y la tensión con la presunción de inocencia, resaltando vacíos procesales y riesgos constitucionales.
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