Con el aval de un decreto supremo, la presidenta Dina Boluarte duplicó su sueldo a pesar de su aprobación más baja en décadas y un país sumido en inseguridad. ¿Quién gana y quién paga el precio político?
El Consejo de Ministros oficializó este 2 de julio el aumento del sueldo presidencial a S/ 35,568 mensuales, tras aprobar un decreto supremo impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y sustentado por una resolución de Servir. La medida, respaldada por un estudio técnico comparativo con sueldos de otros mandatarios de América Latina, genera no solo debate político, sino también indignación ciudadana, ya que el incremento se da en el punto más bajo de aprobación presidencial en décadas (3%) y en medio de un repunte sostenido de la criminalidad.
Una decisión que se gestó en silencio
La discusión no es nueva. Desde abril pasado, medios como 24 Horas ya advertían que un informe técnico del MEF había proyectado el aumento, basándose en dos criterios: un comparativo internacional con sueldos presidenciales de 12 países, y la necesidad de jerarquizar el puesto por encima de ministros y altos funcionarios.
El entonces presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó en mayo que esto estuviera “en agenda”. Sin embargo, apenas un mes después, no solo se concreta: se justifica como una “corrección histórica”.
¿Ajuste técnico o privilegio político?
Según el ministro Raúl Pérez Reyes, el sueldo de la presidenta peruana era uno de los más bajos de la región y debía “equipararse” para salvaguardar la jerarquía institucional. El informe de sustento menciona que ministros, jueces y magistrados ganan más que el jefe de Estado, y que esta desproporción daña “la legitimidad simbólica de la presidencia”.
Sin embargo, la medida llega en un momento de alto descontento nacional: la presidenta no solo enfrenta cuestionamientos por su desempeño, sino también por su silencio en crisis clave —como la masacre en Pataz— y una gestión que muchos califican de desconectada con la realidad de los peruanos.
¿Por cuánto tiempo se beneficiará Boluarte?
El detalle que pocos mencionan es el calendario: el aumento entra en vigor a menos de un año del cambio de gobierno. Es decir, si no hay adelanto electoral o vacancia, Dina Boluarte disfrutará del nuevo sueldo solo por 12 meses, lo que le representa más de S/ 427,000 en compensación total anual. Pero la pregunta de fondo es: ¿este nuevo monto quedará fijo para el siguiente presidente?
La respuesta es sí. Al formalizarse por decreto supremo, el nuevo piso salarial se convierte en el estándar mínimo para futuras gestiones presidenciales. El siguiente o la siguiente mandataria heredará el beneficio, incluso si asume en un contexto más austero o con mayores demandas sociales.
Ciudadanos protestan, el Gobierno justifica
La indignación no se hizo esperar. En Arequipa, durante una entrega de títulos, ciudadanos lanzaron huevos y piedras al vehículo en el que presuntamente viajaba la mandataria. Las redes sociales estallaron con críticas sobre la inoportunidad del aumento y la falta de empatía del Gobierno.
Por su parte, el Ejecutivo insiste en que la medida es técnica y necesaria para dignificar el cargo. “No es una cuestión de personas, sino del puesto de presidente”, afirmó Arana, mientras Dina Boluarte guarda silencio. El mensaje de fondo: el problema no es el momento, sino la percepción.
¿Y la seguridad ciudadana?
El aumento también pone en tela de juicio las prioridades del Gobierno. Mientras el país vive una de las mayores crisis de seguridad ciudadana de los últimos años, con cifras alarmantes de sicariato, extorsión, y minería ilegal en expansión, el mensaje que llega desde Palacio es un reajuste salarial.
¿Acaso el incremento presidencial ha implicado una mejora en políticas públicas, liderazgo o respuesta ante el crimen organizado? Hasta el momento, no hay correlato. Ni el sueldo duplicado parece haber duplicado la eficiencia del Ejecutivo.
¿Qué significa esta decisión para el país?
El incremento salarial aprobado para Dina Boluarte marca un antes y un después en el trato institucional al cargo presidencial, pero también revela cómo el poder ejecutivo puede legislar sobre su propio beneficio sin mediar debate parlamentario ni social.
Desde una lectura política, esta jugada —aunque legal— es torpe, inoportuna y profundamente desconectada del sentir ciudadano. Eleva el estándar salarial de la Presidencia en un momento de pobreza creciente, salud colapsada, educación rezagada y calles tomadas por la delincuencia.
Desde el plano simbólico, legitima una imagen de privilegio presidencial frente al sacrificio colectivo, erosionando aún más la ya débil confianza en las instituciones.
En el Perú de 2025, la ciudadanía no protesta porque el presidente gane más. Protesta porque siente que gana más sin hacer más. El problema no es el salario: es la falta de resultados, liderazgo y legitimidad.
Y eso, ni con 35 mil soles mensuales, se puede comprar.