El Procedimiento Administrativo Disciplinario Sancionador es el conjunto de normas y actos administrativos mediante los cuales la administración pública ejerce su potestad para investigar, sancionar y corregir conductas infractoras cometidas por servidores públicos, garantizando el respeto al debido procedimiento, la legalidad y los derechos fundamentales de los administrados. Su correcta aplicación resulta esencial para asegurar el orden institucional, la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.

El procedimiento administrativo constituye la base sobre la cual se estructura la actuación de la administración pública. Se define como la sucesión ordenada de actos que permiten a la autoridad administrativa adoptar decisiones válidas y eficaces. Durante la instrucción del procedimiento se recaban los hechos, se analizan los medios probatorios y se formulan las imputaciones correspondientes, respetando los plazos y etapas establecidos por la normativa vigente. Los procedimientos administrativos pueden clasificarse según su finalidad, complejidad o materia, y deben desarrollarse conforme al principio de legalidad, lo que implica que toda actuación administrativa debe sujetarse estrictamente a la ley y al ordenamiento jurídico.

Dentro de este marco general se encuentra el procedimiento administrativo sancionador, que es el mecanismo mediante el cual la administración ejerce su potestad sancionadora frente a infracciones administrativas. Esta potestad permite imponer sanciones con el objetivo de prevenir conductas contrarias a la normativa, corregir irregularidades y proteger el interés público. El ejercicio de la potestad sancionadora se encuentra limitado por principios fundamentales como la legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, razonabilidad, proporcionalidad y debido procedimiento, los cuales garantizan que ninguna sanción sea impuesta de manera arbitraria.

La tramitación del procedimiento administrativo sancionador comprende diversas etapas, entre las que destacan la fase de inicio, instrucción, descargos, evaluación de pruebas y resolución. Durante todo el proceso se debe asegurar el derecho de defensa del presunto infractor, permitiéndole conocer los hechos imputados, presentar pruebas y formular alegaciones. Asimismo, la autoridad administrativa debe motivar adecuadamente sus decisiones, sustentándolas en hechos debidamente acreditados y en la normativa aplicable.

El procedimiento administrativo disciplinario se aplica específicamente a los servidores públicos y se encuentra estrechamente vinculado al régimen del servicio civil. Su finalidad es garantizar la correcta conducta funcional, el cumplimiento de los deberes y la observancia de los principios que rigen la función pública. Se define como el procedimiento mediante el cual la entidad pública investiga y sanciona las faltas disciplinarias cometidas por sus servidores, en el marco del régimen disciplinario vigente.

El régimen disciplinario establece las obligaciones, prohibiciones y responsabilidades de los servidores públicos, así como las sanciones disciplinarias aplicables en caso de incumplimiento. Estas sanciones pueden variar según la gravedad de la falta e incluyen amonestaciones, suspensiones y destituciones, siempre aplicadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El procedimiento disciplinario debe desarrollarse con estricto respeto al debido procedimiento, garantizando la imparcialidad de los órganos intervinientes y la correcta valoración de los hechos.

Finalmente, los precedentes de observancia obligatoria constituyen una fuente relevante para la interpretación y aplicación uniforme del procedimiento administrativo disciplinario. Estos precedentes abordan temas clave como los plazos de prescripción, el hostigamiento sexual, el incumplimiento de deberes funcionales y la correcta tipificación de faltas leves. Asimismo, desarrollan criterios sobre la imputación de infracciones, la determinación de faltas disciplinarias, la identificación de actos impugnables y la competencia del órgano instructor. Su aplicación obligatoria contribuye a fortalecer la seguridad jurídica, la coherencia administrativa y la predictibilidad en la imposición de sanciones dentro de la administración pública.