Una balacera en pleno concierto de Agua Marina en Chorrillos dejó varios heridos y expone la alarmante ola de violencia, impunidad y extorsión que azota al país actualmente.
La balacera en Chorrillos evidencia la falla del Estado frente a la ola de violencia que amenaza a músicos, transportistas y ciudadanos por igual.
Lo que debía ser una noche de música y celebración se tornó en pánico y desesperación. Durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, dos sujetos armados en una moto lineal abrieron fuego desde la parte trasera del escenario. Los disparos, presuntamente de una mini Uzi, hirieron a cinco personas, incluyendo los hermanos Luis y Manuel Quiroga, integrantes de la orquesta, y un comerciante del lugar. Luis Quiroga sufrió tres impactos en el tórax, mientras otros heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención urgente.
Este ataque no ocurre en el vacío. Es la manifestación más reciente de una escalada de violencia que afecta a artistas, transportistas y empresarios. Recordemos que hace meses Paul Flores, vocalista de Armonía 10, fue asesinado en un atentado similar; otros miembros de la música popular también han recibido amenazas y extorsiones. La repetición de hechos violentos deja al descubierto un patrón preocupante: el crimen organizado actúa con impunidad y la respuesta estatal es insuficiente, a veces tardía y superficial.
A pesar de la activación inmediata del Plan Cerco por la PNP, la violencia continúa. La falta de protocolos claros en eventos masivos y la ausencia de medidas preventivas exponen a la ciudadanía al riesgo constante. Las autoridades gubernamentales, entre comunicados y discursos, parecen mostrar preocupación, pero la realidad demuestra que esta preocupación se queda en palabras: los hechos concretos son escasos y la sensación de inseguridad crece día a día.
Los testimonios de los asistentes y de artistas como Dilbert Aguilar y Leslie Shaw reflejan la frustración e indignación ante la falta de protección y el avance de la delincuencia. Más allá del sector musical, la situación evidencia un problema estructural: extorsión, sicariato y delitos contra la vida se han vuelto cotidianos, mientras el Estado persiste en soluciones parciales y réplicas tardías.
Este atentado no solo conmueve por el impacto inmediato en las víctimas; sirve como espejo de una crisis de seguridad que afecta al país en su conjunto. Mientras se discuten leyes y proyectos, la violencia sigue cobrando vidas y sembrando miedo, dejando claro que los ciudadanos, desde músicos hasta empresarios y transportistas, viven bajo la constante amenaza de un sistema que no protege, pero sí promete soluciones que nunca llegan.
En medio de esta crisis, la presidenta Dina Boluarte ha aparecido públicamente reiterando su compromiso de enfrentar la inseguridad. En sus discursos, asegura implementar estrategias integrales, reforzar la presencia policial y tomar medidas contundentes contra el crimen organizado. Sin embargo, estas promesas parecen desconectadas de la realidad cotidiana: ataques armados, extorsiones y asesinatos continúan ocurriendo sin que los ciudadanos perciban resultados concretos ni mejoras tangibles en su protección. Esta aparente desconexión entre discurso y acción genera desconfianza, haciendo que la población perciba que la preocupación oficial es más retórica que efectiva, y que la ola de delincuencia sigue avanzando mientras los responsables de garantizar la seguridad parecen reaccionar tarde o de manera insuficiente.
La pregunta final es inevitable: ¿cómo seguirán los peruanos confiando en un sistema de seguridad que, en apariencia, simula preocupación mientras el crimen actúa con total impunidad? Esta sensación de abandono y vulnerabilidad se intensifica ante cada noticia de atentados, balaceras y extorsiones que golpean a ciudadanos, artistas, empresarios y transportistas por igual. La reflexión no solo es urgente, sino absolutamente necesaria: sin medidas claras, responsables y efectivas, sin estrategias coordinadas que involucren a todas las instituciones competentes, la ola de delincuencia continuará expandiéndose, dejando víctimas, provocando miedo y sembrando terror en todos los rincones del país. La desprotección percibida socava la confianza ciudadana y desafía la legitimidad del Estado, que debe pasar de la retórica a acciones concretas si realmente aspira a garantizar seguridad y justicia para todos.