La Comisión Permanente aprobó la acusación constitucional contra Martín Vizcarra por nombramiento irregular de Daniel Soria como procurador. El caso avanza al Congreso, reavivando el debate sobre la autonomía estatal.
El Congreso investiga al expresidente por presunto nombramiento indebido de Daniel Soria como procurador general del Estado, mientras la decisión pasa al Pleno
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este lunes, por mayoría, la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal, relacionados con la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado en 2020.
El informe final, presentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, sostiene que el expresidente Vizcarra se involucró de manera directa en la designación de Soria, quien, según el informe, no cumplía con los requisitos legales establecidos para dicho cargo. El procurador general, según la denuncia, no acreditaba la trayectoria profesional exigida por la ley, lo que habría afectado la transparencia en el proceso de nombramiento.
En la sesión de la Comisión Permanente, se notificó a Vizcarra de manera formal, brindándole la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Sin embargo, el expresidente no presentó ningún descargo ante el Congreso, lo que fue calificado como una “injustificada” inasistencia. La votación de la Comisión se resolvió con 15 votos a favor, 3 en contra, y 1 abstención, lo que abre la puerta para que el Pleno del Congreso decida si se avanza con la acusación y el posible juicio político contra Vizcarra.
En paralelo, también se evaluó la situación de Ana Teresa Revilla, exministra de Justicia, quien estuvo involucrada en el mismo proceso de nombramiento. Sin embargo, el informe concluyó que la acusación contra Revilla perdió vigencia, ya que el plazo para su antejuicio constitucional venció en febrero del presente año.
Esta nueva acusación se suma a una serie de controversias legales y políticas que el expresidente Martín Vizcarra ha enfrentado desde su salida del poder, incluida la inhabilitación de diez años que se le impuso en junio de 2025 debido a la disolución del Congreso en 2019.
El caso ha generado un debate sobre el funcionamiento y autonomía de las instituciones encargadas de velar por la correcta aplicación de la justicia en el país, así como sobre la responsabilidad política de los altos funcionarios en el proceso de nombramientos públicos.
¿Qué se viene ahora?
Ahora, la decisión final sobre si Martín Vizcarra será procesado por estos cargos recae en el Pleno del Congreso, donde se debatirá y votará sobre el avance de la acusación. La Comisión Permanente solo dio un primer paso en este largo proceso legal, y los resultados de este proceso podrían tener un gran impacto sobre la credibilidad de la política peruana. El Congreso deberá decidir si se da luz verde a un juicio político, el cual no solo afectará la imagen de Vizcarra, sino también la independencia de las instituciones del país.
Este incidente pone en evidencia los debates internos sobre la autonomía de las instituciones en Perú, especialmente en lo que respecta a las decisiones políticas y los nombramientos judiciales. Mientras la sociedad y los medios siguen de cerca este proceso, la pregunta permanece: ¿Hasta qué punto los acuerdos entre altos funcionarios deben estar sujetos a transparencia y a los intereses del pueblo, sin que sean manipulados por intereses particulares o políticos?