El canciller Elmer Schialer afirma que el sistema “ya no responde a la realidad del Perú” y el Ejecutivo conforma un grupo de trabajo para evaluar el retiro.
El gobierno de Dina Boluarte sorprendió a la región con un anuncio que podría marcar un giro histórico en la política exterior peruana: el canciller Elmer Schialer declaró que el Ejecutivo está evaluando la posibilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que significaría la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Este sistema ya no responde a la realidad del Perú”, afirmó Schialer en una entrevista televisiva, al confirmar la creación de un grupo de trabajo encargado de estudiar los antecedentes, fundamentos y consecuencias de un eventual retiro. El proceso, según explicó, no sería inmediato y podría tomar entre uno y tres años, dependiendo de lo que decida finalmente el Congreso de la República.
El contexto: ley de amnistía y críticas a la política de DD. HH.
El anuncio no llega en un vacío. Apenas semanas atrás, el Ejecutivo promulgó la cuestionada ley de amnistía que beneficia a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. La norma fue criticada duramente por organismos internacionales, incluyendo a la propia Corte IDH, que había solicitado a Lima abstenerse de aplicarla.
A esto se suma la reciente designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, personaje cuestionado por su defensa de policías acusados de ejecuciones extrajudiciales, así como la participación en actos oficiales de figuras como Juan Rivera Lazo, exjefe del Grupo Colina condenado por la matanza de Barrios Altos. Estos gestos han sido interpretados como señales claras de confrontación con el sistema interamericano.
Argumentos del Ejecutivo
Schialer insistió en que las resoluciones del sistema interamericano “no se condicen con la realidad peruana” y las calificó de parciales. Aseguró que el Perú “se ha portado más que bien” con la Corte y la Comisión Interamericana, pero que ahora se requiere “una visión más integral y comprensiva”.
Para reforzar esa línea, el Ejecutivo creó un Grupo de Trabajo sobre Soberanía Nacional, encabezado por el Ministerio de Defensa e integrado por altos mandos militares y representantes de varios ministerios. En un plazo de 60 días deberán presentar un proyecto de ley destinado a limitar lo que califican como “intromisión de organismos internacionales en asuntos internos”.
Antecedentes históricos
No es la primera vez que el Perú se plantea dar este paso. En 1999, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se anunció la denuncia de la Convención Americana, aunque finalmente la medida no prosperó. Desde entonces, distintos gobiernos han cuestionado fallos de la Corte IDH, especialmente en casos vinculados a violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno.
La novedad ahora radica en que el Ejecutivo parece decidido a avanzar con mayor firmeza. “Esto no es un tema de gobierno, sino de Estado. El próximo gobierno encontrará lo que hemos avanzado”, afirmó Schialer, dejando abierta la posibilidad de que la iniciativa trascienda a la gestión de Boluarte.
Críticas y advertencias
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos reaccionaron con alarma. Carlos Rivera, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, advirtió que el Perú “está caminando en la misma dirección que Venezuela y Nicaragua”, países que ya abandonaron la Corte IDH.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), por su parte, denunció que la amnistía y el posible retiro del sistema interamericano representan un “grave retroceso” en la protección de los derechos fundamentales, además de un abierto desafío a las obligaciones internacionales del Perú.
Incluso sectores de las Fuerzas Armadas en retiro, como la agrupación Unión Naval, han presionado en la misma dirección, reclamando que la Corte IDH “solo ha beneficiado a terroristas” y ha perseguido a militares. Estas posiciones refuerzan la narrativa del Ejecutivo, aunque han sido cuestionadas por su sesgo y su falta de sustento jurídico.
¿Qué viene ahora?
Si el Perú decide denunciar la Convención Americana, el proceso se haría efectivo entre uno y tres años después de presentada la notificación formal a la OEA. Durante ese tiempo, el país seguiría bajo la jurisdicción de la Corte IDH.
Sin embargo, la sola evaluación ya ha generado preocupación sobre el rumbo de la política exterior peruana y su impacto en la comunidad internacional. Para los críticos, la maniobra busca blindar al Estado frente a eventuales condenas por violaciones a los derechos humanos, debilitando la rendición de cuentas.
El anuncio del canciller abre un debate de gran calado: ¿hasta qué punto un país puede priorizar la soberanía interna por encima de los compromisos internacionales en derechos humanos? El dilema trasciende lo jurídico y se instala en el terreno político: Perú parece debatirse entre garantizar justicia a las víctimas o alinearse con una narrativa que privilegia la protección de las fuerzas estatales. Lo que está en juego no es solo la relación con la Corte IDH, sino la imagen del país en el mundo y la vigencia de su propio Estado de derecho.