En medio de la vastedad del río Amazonas, entre la vegetación húmeda y las corrientes que marcan fronteras invisibles, se encuentra la isla Santa Rosa. A simple vista, podría parecer solo un poblado más de la selva loretana, pero en las últimas semanas se ha convertido en el punto de fricción más visible entre Perú y Colombia.
Su ubicación estratégica —frente a la ciudad colombiana de Leticia y la brasileña Tabatinga— la convierte en una pieza clave de la llamada “triple frontera”, donde el comercio fluvial, la presencia militar y la cooperación internacional son moneda corriente. Sin embargo, desde inicios de agosto de 2025, la isla es también escenario de tensiones diplomáticas que han escalado hasta el nivel presidencial.
Isla Santa Rosa, un origen que se remonta a casi un siglo
El actual diferendo tiene raíces en el Tratado Lozano-Salomón de 1922, que delimitó la frontera amazónica entre Perú y Colombia. En el marco de este acuerdo y de los trabajos de demarcación de 1929, la isla de Chinería —ubicada en la misma zona— fue asignada a Perú.
Décadas después, en la década de 1970, un fenómeno natural dividió la parte sur de Chinería, dando origen a una nueva formación: la llamada isla Santa Rosa. Con el tiempo, los cambios del cauce hicieron que ambas porciones de tierra volvieran a unirse físicamente, pero el nombre y la percepción de que se trataba de una “nueva isla” se mantuvieron.
Para Perú, esta alteración geográfica no modifica el hecho de que se trata del mismo territorio asignado hace más de 90 años. Para Colombia, en cambio, Santa Rosa es una formación posterior a 1929 y, por lo tanto, su soberanía debería ser determinada mediante acuerdo bilateral.
Por qué el tema resurge ahora
El detonante de la reciente escalada fue la promulgación, el 3 de julio de 2025, de la ley que crea el distrito de Santa Rosa de Loreto, separándolo del municipio de Yavarí. Para el gobierno peruano, esto fue un acto administrativo interno, coherente con su soberanía sobre la isla. Para el presidente colombiano Gustavo Petro, en cambio, se trató de una anexión unilateral de un territorio cuya soberanía no está definida.
El 5 de agosto, Petro acusó públicamente a Perú de “copar” territorio colombiano, mencionando incluso la supuesta violación del Protocolo de Río de Janeiro de 1934.
Escalada diplomática y acciones en el terreno
La respuesta peruana fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado expresando su “más firme y enérgica protesta” y reafirmando que la soberanía sobre la isla está respaldada por la historia y los tratados vigentes.
El 7 de agosto, el premier Eduardo Arana, acompañado de varios ministros, llegó a Santa Rosa para realizar una jornada de acción social y supervisar la presencia estatal. Durante la visita, se registró un hecho que aumentó la tensión: un avión militar colombiano sobrevoló la zona durante aproximadamente 30 minutos, realizando maniobras sobre el espacio que Perú considera suyo.
El incidente fue interpretado por Lima como una incursión aérea no autorizada, mientras que Bogotá no ha dado explicaciones públicas detalladas sobre la operación.
El frente político interno
Al día siguiente, el Congreso peruano aprobó por unanimidad dos mociones de respaldo a la posición del Ejecutivo, cerrando filas en defensa de la soberanía sobre la isla. Legisladores de diversas bancadas criticaron las declaraciones de Petro y ratificaron que no se cederá “ni un milímetro de territorio”.
La presidenta Dina Boluarte, que se encontraba de visita oficial en Japón, rompió su silencio el mismo día: “Nuestra isla Chinería con su capital Santa Rosa es peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente de tratar con nuestro hermano país del norte. De ninguna manera”, declaró.
La vida en medio de la disputa
Mientras las autoridades intercambian declaraciones y protestas diplomáticas, la población de Santa Rosa enfrenta problemas más urgentes: falta de agua potable, servicios de salud precarios, pobreza que afecta a siete de cada diez habitantes y extrema pobreza en el 25,7% de la población.
Muchos vecinos dependen de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) para abastecerse de alimentos y recursos básicos. “No es justo. Estamos abandonados. Pero no podemos permitir que digan que no somos peruanos”, dijo a una radio local Marcial Terrones Sánchez, uno de los pobladores.
Lo que viene
Ambos gobiernos han confirmado su participación en la reunión de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de Frontera (Comperif), programada para el 11 y 12 de septiembre en Lima. Petro ha advertido que, si no se llega a un acuerdo, Colombia podría llevar el caso a instancias internacionales.
En el plano interno, el episodio ha servido para cohesionar al Gobierno y al Congreso peruanos en un mensaje común de defensa territorial, aunque también ha expuesto las carencias del Estado en la zona.
Reflexión: gestión, derecho y soberanía
El caso de Santa Rosa es más que un cruce de declaraciones diplomáticas; es una lección viva sobre cómo la gestión pública y el derecho internacional se entrelazan en la defensa de la soberanía. La historia y los tratados son esenciales, pero igual de importante es que la presencia del Estado sea real y sostenida. Un territorio se defiende no solo con argumentos jurídicos, sino con escuelas funcionando, centros de salud equipados, infraestructura moderna y oportunidades para su población.
Este episodio deja claro que la soberanía no se proclama, se ejerce. La administración de territorios fronterizos exige políticas públicas efectivas, planificación estratégica y cooperación con la ciudadanía. Sin una gestión eficiente, cualquier mapa puede convertirse en un papel cuestionado. En el derecho, la letra de un tratado pesa; en la política, el abandono se paga caro.
