Documentos filtrados revelan que el pedido para duplicar el salario presidencial partió del propio Despacho de Dina Boluarte. El Ejecutivo negó durante semanas esta gestión.
En medio de una crisis de confianza en las instituciones del Estado y un contexto de creciente violencia ciudadana, un nuevo escándalo sacude al Gobierno de Dina Boluarte: la revelación de que fue su propio despacho presidencial el que inició el trámite para duplicar su sueldo, pasando de 16 mil a más de 35 mil soles mensuales.
El informe emitido por el programa Panorama accedió al documento que prueba el origen del pedido. Con fecha 10 de febrero de 2025, el Oficio N.º 001180-2025-DP/SSG, firmado por el subsecretario general del Despacho Presidencial, Antonio Mirril Ramos Bernaola, fue dirigido a la Secretaría General de la PCM con el asunto “Valorización de puestos de funcionarios en el cuadro de puestos del Despacho Presidencial”. Lejos de ser un trámite técnico como sostenía el Gobierno, se trata de una acción clara, originada desde el primer eslabón del poder.
La versión oficial, repetida por ministros como Leslie Urteaga y otros portavoces del Ejecutivo, sostenía que el incremento salarial respondía exclusivamente a un procedimiento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el marco de la Ley Servir. No obstante, el documento filtrado derrumba ese discurso. No fue un tecnicismo, fue una decisión política. Más aún, cuando se solicitó información mediante pedidos públicos, la PCM clasificó el expediente como “confidencial”.
La reacción en Palacio fue inmediata y desbordada. Según fuentes citadas por Panorama, la presidenta se mostró iracunda al enterarse del reportaje mientras veía televisión. Testigos aseguran que debieron recurrir a infusiones y agua de azahar para intentar calmarla, sin éxito. Ordenó de inmediato rastreos digitales y pidió la salida de funcionarios del MEF y la PCM que pudieron tener acceso a los documentos. Incluso deslizó acusaciones de “enemigos de la patria”, sin hacerse responsable de la firma del oficio.
Mientras tanto, en el Congreso, aún no se define si se investigará este intento de incremento remunerativo en medio de un país convulsionado por la inseguridad, el desempleo y la pérdida de confianza ciudadana. La más reciente encuesta de Ipsos para Perú21 reveló que el 56% de la población responsabiliza directamente a Boluarte de la crisis de inseguridad ciudadana, en un país donde el 27.4% de ciudadanos fue víctima de un delito entre marzo y agosto de 2024 (INEI).
El hecho de que, en este contexto, se haya impulsado un aumento salarial de más del 125% ha desatado una ola de críticas. Para muchos, es una muestra de desconexión del Ejecutivo con la realidad del país. “Este tipo de acciones no solo deteriora la imagen del gobierno, sino que alimenta la percepción de impunidad y privilegios”, opinó el analista Carlos Basombrío, exministro del Interior.
El documento, ya bautizado como “el delator”, pone en evidencia la ruptura entre el discurso público del Ejecutivo y sus actos privados. Mientras el país exige medidas frente al crimen organizado y la crisis económica, el Palacio de Gobierno parecía más preocupado por ajustar al alza el ingreso presidencial.
De momento, el intento de duplicarse el sueldo ha quedado en pausa, pero no por voluntad política sino por exposición pública. La ciudadanía, que cada vez confía menos en sus autoridades, ha sido testigo de cómo el poder puede desvirtuarse incluso en los más altos niveles. La reacción de Palacio —lejos de una rectificación— confirma que el mayor problema no es el intento, sino la negación y la falta de transparencia.