Masacre en Pataz: minería ilegal y criminalidad desbordan al Estado peruano
Trece mineros fueron asesinados en La Libertad – Pataz por mafias del oro ilegal. El crimen revela el avance del crimen organizado y la ausencia del Estado en zonas mineras del Perú.
Los cadáveres de 13 trabajadores mineros fueron hallados el 4 de mayo al interior de un socavón en Pataz, La Libertad. Maniatados, desnudos y con disparos a quemarropa, los cuerpos evidencian no solo un crimen atroz, sino también la pérdida del control estatal en una de las provincias más golpeadas por la minería ilegal y la criminalidad organizada. Las víctimas, todas vinculadas a labores formales a través de la empresa R&R, subcontratada por la minera Poderosa, fueron secuestradas desde el 26 de abril. A pesar de los reportes de desaparición, la respuesta oficial fue débil, fragmentada y, en muchos casos, negada.
Mientras las familias clamaban ayuda, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaraba públicamente que no existía denuncia alguna sobre el caso. Sin embargo, el propio ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, contradijo esa versión, señalando que la Policía Nacional recibió la denuncia el 29 de abril e inició la búsqueda ese mismo día. Las contradicciones, sumadas al silencio inicial del Ejecutivo, desataron una ola de indignación.
Las investigaciones apuntan a una alianza entre organizaciones criminales, entre ellas “Los Pulpos”, lideradas por el delincuente alias ‘Cuchillo’. Según testigos, exigieron cuatro millones de soles como rescate, pero finalmente ejecutaron a los trabajadores en un acto de violencia planificada. Un video difundido en redes sociales confirmó la brutalidad: los mineros fueron asesinados con armas de largo alcance, en un espacio cerrado, y sin posibilidad de defensa.
Desde el Congreso, las voces de censura no tardaron. Diversos parlamentarios acusaron al Ejecutivo de haber ignorado advertencias anteriores y pidieron declarar el estado de sitio. La indignación llegó también desde Pataz. El alcalde provincial, Aldo Mariño, visiblemente quebrado, anunció un paro indefinido para el 5 de junio y una marcha hacia Lima el día 12. “Nosotros le damos el oro al país, pero solo recibimos abandono”, denunció.
Más allá de los pronunciamientos, las estadísticas son crudas: 39 trabajadores han sido asesinados en lo que va del año en la zona. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Confiep exigieron una intervención efectiva. Ambos gremios coinciden en un punto clave: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha convertido en un escudo para actividades ilegales, promovido por sucesivas prórrogas legislativas.
La respuesta estatal sigue siendo insuficiente. El Ministerio del Interior anunció el envío de equipos especializados y reiteró que la zona se encuentra bajo estado de emergencia. Sin embargo, tanto los gremios como la ciudadanía reclaman que esa declaratoria, vigente desde hace meses, no ha contenido la violencia. Las bandas armadas continúan operando impunemente desde bocaminas cuya ubicación está georreferenciada y plenamente identificada.
El crimen de Pataz no solo expone una tragedia local, sino una falla estructural del Estado: la ausencia de control territorial, la falta de coordinación entre sus instituciones y una débil voluntad política para enfrentar a economías ilegales que, año tras año, se fortalecen con el oro manchado de sangre.
Mientras se anuncian investigaciones, despliegues policiales y diligencias fiscales, los familiares exigen justicia, y los ciudadanos se preguntan cuánto tiempo más durará esta guerra no declarada por el subsuelo del país.
Medidas de emergencia tras la masacre
Un día después de confirmarse el hallazgo de los cadáveres de los 13 mineros ejecutados, la presidenta Dina Boluarte anunció la declaración de toque de queda en la provincia de Pataz. La medida regirá desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., según adelantó en conferencia de prensa junto al gobernador regional César Acuña y el alcalde provincial Aldo Mariño. Además, dispuso la suspensión de todas las actividades mineras por 30 días y la instalación de una base militar en la zona, en respuesta a la ausencia de la Policía Nacional del Perú. La decisión se produce luego de que el premier Gustavo Adrianzén negara el secuestro de los trabajadores, lo que generó gran indignación entre los familiares de las víctimas y la opinión pública. Varios sectores han exigido su renuncia, acusándolo de minimizar el hecho y de desinformar al país.
