En un fallo sin precedentes en la historia judicial peruana, el Poder Judicial condenó este martes al expresidente Ollanta Humala Tasso y a su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, a 15 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado, relacionado con los presuntos aportes ilícitos recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Ambos deberán cumplir la condena considerando el periodo que ya estuvieron bajo prisión preventiva entre 2017 y 2018.
La sentencia fue emitida por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y se resolvió por mayoría de sus magistrados. En el mismo fallo también fueron condenados Ilán Heredia Alarcón y Mario Torres Aliaga, señalados como coautores del delito de lavado de activos agravado, quienes habrían participado activamente en las operaciones de ingreso, conversión y ocultamiento de fondos de origen ilícito.
Un esquema de legitimación de dinero ilícito
Según concluyó el tribunal, existió una coordinación directa entre los principales acusados —Ollanta Humala, Nadine Heredia, Ilán Heredia y otros miembros del entorno nacionalista— para canalizar fondos desde el extranjero y darles apariencia de legalidad mediante diversas operaciones financieras y empresariales. Se comprobó, entre otras prácticas, el uso de contratos simulados, empresas fachada y aportes ficticios de campaña registrados ante la ONPE.
La acusación fiscal, liderada por el fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato, atribuyó a los condenados la recepción de al menos 3 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht en 2011, así como fondos provenientes del régimen venezolano en 2006. Estos recursos habrían sido ocultados mediante complejas maniobras que incluyeron depósitos triangulados, contratos falsos con empresas como Apoyo Total, Daily Journal y Palma Aceitera, así como ingresos a cuentas personales de Nadine Heredia.
Las pruebas que sostuvieron el fallo
El fallo se basó en un voluminoso cuerpo probatorio que incluyó declaraciones de exfuncionarios de Odebrecht —como Jorge Barata y Marcelo Odebrecht— quienes confirmaron la entrega de dinero al Partido Nacionalista. Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró trazar operaciones sospechosas desde bancos internacionales hasta cuentas personales de los condenados.
Uno de los puntos más relevantes del caso fue la incorporación de las conocidas agendas de Nadine Heredia, documentos que registraban movimientos financieros, listas de aportantes y proyecciones de campaña. Aunque la defensa cuestionó su uso por considerar que se trataba de pruebas obtenidas ilícitamente, el tribunal determinó que no existía afectación al derecho a la intimidad, al tratarse de documentos con acceso compartido y contenido de interés público.
También resultó clave el testimonio de más de 100 personas que, pese a figurar como aportantes ante la ONPE, negaron haber entregado dinero. La suma total de estos aportes fantasmas supera los 5 millones de soles, según la acusación fiscal.
Un caso emblemático en el marco del Lava Jato
Este juicio representa el primer proceso culminado con sentencia condenatoria en el Perú por lavado de activos ligado a financiamiento electoral, en el contexto del caso Lava Jato. Se diferencia de otras condenas, como la del expresidente Alejandro Toledo, en que no se trata de sobornos por obras públicas, sino de aportes irregulares para influir en los procesos democráticos.
La jueza Nayko Coronado, presidenta del tribunal, enfatizó que el objetivo de los procesados fue “dar legitimidad a un dinero que no la tenía”, lo que constituye una conducta grave en perjuicio de la transparencia electoral y la institucionalidad del Estado.
Penas y reparaciones civiles
La condena impuesta a Humala y Heredia incluye además la disolución del Partido Nacionalista Peruano y la empresa Todo Graph, utilizadas como vehículos para canalizar los fondos ilícitos. También se ha impuesto una reparación civil conjunta de 20 millones de soles a favor del Estado.
Aunque la sentencia no ha sido aún consentida, la defensa de los condenados ha anunciado que apelará la decisión. De ser así, el caso pasará a una instancia superior para revisión. No obstante, el fallo ya marca un antes y un después en la jurisprudencia nacional sobre delitos de lavado de activos vinculados a procesos electorales.
Este caso no solo pone fin a más de diez años de investigaciones iniciadas en 2015, sino que deja un mensaje contundente sobre la responsabilidad penal de quienes administran fondos de campaña y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del financiamiento político en el país.