Este jueves 10 de abril, Lima y Callao enfrentan una nueva jornada de caos vehicular, pero esta vez con un trasfondo mucho más serio que las habituales protestas por el alza de tarifas o la mejora de servicios. Esta vez, el paro de transportistas, convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), es una manifestación desesperada de los trabajadores del transporte público que claman por seguridad, ante el recrudecimiento de la violencia en las calles y las extorsiones de grupos criminales.
La cifra es escalofriante: más de 460 empresas de transporte público, agrupando alrededor de 20,000 unidades, paralizarán sus actividades este jueves. ¿La razón? La creciente ola de asesinatos de conductores a manos de sicarios que extorsionan a los transportistas, obligándolos a pagar cupos por operar. El asesinato de choferes ya no es un incidente aislado, sino una realidad cotidiana que ha desbordado a las autoridades, y que ha dejado un rastro de dolor en las familias de los trabajadores. Con más de una decena de muertes de conductores en lo que va del año, ANITRA ha optado por un paro de 24 horas, que comenzará antes de las 5:00 a.m. y se extenderá hasta el día siguiente.
Martín Valeriano, presidente de ANITRA, explicó que el paro no es solo una medida de protesta, sino un “grito de auxilio”. Exhortó a otros sectores del transporte formal a unirse a la paralización, con la esperanza de que el gobierno escuche finalmente el clamor de los transportistas. “Hoy no te toca a ti, pero mañana la extorsión tocará tu puerta y será tarde”, aseguró Valeriano, dirigiéndose a los demás gremios.
El Gobierno en la Mira por el paro de transportistas
A lo largo de las últimas semanas, las críticas hacia el gobierno de Dina Boluarte se han intensificado, especialmente por la falta de respuestas claras y efectivas frente a la creciente inseguridad que afecta al país. El gremio de transportistas arremetió contra la inacción de las autoridades, y especialmente contra Julio Díaz Zulueta, el nuevo ministro del Interior, quien se ha visto presionado por los plazos incumplidos para implementar medidas eficaces de seguridad. Valeriano enfatizó que la situación ha llegado a un punto de no retorno:
“Ya no podemos esperar más, nos siguen pidiendo plazos, pero siguen matando a nuestros compañeros”.
Este descontento se refleja no solo en las palabras, sino en las acciones. Los transportistas se han movilizado en diversas ocasiones, bloqueando las principales avenidas y realizando marchas hacia el Congreso. La respuesta gubernamental ha sido tibia, algo que no ha hecho sino alimentar la frustración de un sector golpeado por la violencia, la extorsión y la impunidad.
Un Paro de Proporciones Mayores
El paro no solo será un dolor de cabeza para los miles de usuarios que dependen del transporte público para desplazarse, sino que también pone en evidencia las carencias de un sistema de seguridad pública que, en palabras de los mismos transportistas, ha dejado a la deriva a aquellos que a diario arriesgan sus vidas para llevar a cabo su trabajo. Desde el asesinato del conductor Loymer Noé Benigno en Puente Piedra, el 4 de abril, hasta el ataque mortal a Daniel Suárez en el Callao, la violencia parece imparable. Incluso las autoridades locales, como la ATU, han expresado su preocupación por el impacto de la extorsión en las rutas de transporte más afectadas.
El paro de este jueves es una respuesta directa a la inacción de un gobierno que, según los transportistas, no ha tomado medidas contundentes para frenar las extorsiones ni garantizar la seguridad de los conductores. La última marcha, que se concentrará en el Congreso, busca enviar un mensaje claro: “Es hora de que el gobierno se haga cargo de su responsabilidad”.
¿Y la Población?
El principal inconveniente, por supuesto, será la afectación al público usuario. A pesar de que los transportistas piden disculpas por los trastornos que ocasionará la paralización, el malestar es inevitable. Con más de 20,000 unidades fuera de servicio, el caos en las principales avenidas y paraderos será inevitable. El último paro del 7 de abril ya evidenció el impacto que estas paralizaciones tienen sobre el tráfico y la movilidad en la ciudad. El Metropolitano, por ejemplo, vivió días de aglomeraciones masivas, mientras que las líneas de buses y combis que no se sumaron a la huelga se vieron saturadas con la alta demanda de pasajeros.
Mientras tanto, la ciudadanía, que ya enfrenta las dificultades cotidianas de una Lima congestionada, se enfrenta también a la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para resolver una crisis que ya no solo afecta a los transportistas, sino a toda la población que depende de su servicio para moverse por la ciudad.
¿Quiénes acatarán el paro de transportes del próximo 10 de abril de Lima y Callao?
En comparación a lo sucedido el 7 de abril, el dirigente explicó que esta vez también se sumarán al paro el Anconero y Sesosa, que están a cargo de la ruta Ancón-Surco, la Línea 39 (Callao-Carabayllo), Translima (Villa María del Triunfo-Miraflores), Chimpún Callao (Callao-Carabayllo) y ‘La 41’ (Ventanilla-Villa El Salvador).
Las otras rutas que probablemente se sumen son:
- Nueva Estrella: de Ancón a Ventanilla
- Los Loritos: de Huaycán (Ate) a Ventanilla
- Vipusa: de Ancón y Comas a La Victoria, San Juan de Miraflores y Ate
- Huáscar – Ruta C: desde Jicamarca (San Juan de Lurigancho) hasta Lurín
- La Roma: de San Juan de Lurigancho a Ventanilla
- Corazón de Jesús: de San Martín de Porres a San Miguel
- El Mandarino: de Canto Grande a la Primera de Pro (Lima norte)
- Evifasa: de San Martín de Porres a San Juan de Lurigancho o Ate, dependiendo de la ruta.
La Solución: ¿Un Sueño Lejano?
La pregunta que queda en el aire es si el gobierno finalmente tomará en serio esta advertencia y se comprometerá a garantizar la seguridad de los transportistas, o si continuará postergando una solución definitiva. La solución parece sencilla sobre el papel: mayor presencia policial, un combate más firme contra las organizaciones criminales que extorsionan y un sistema de justicia más eficiente que termine con la impunidad. Sin embargo, en la práctica, parece que estamos aún muy lejos de obtener esas respuestas.
Este jueves, la respuesta estará en las calles. En las avenidas vacías, en los paraderos desiertos y en las caras de los conductores, familiares y ciudadanos que han decidido alzar su voz frente a un sistema que parece no escucharlos. Mientras tanto, la pregunta sigue flotando: ¿Quién se hará responsable por la vida de los trabajadores del transporte público?