La presidenta de la República, Dina Boluarte, comparece ante la fiscalía para esclarecer las circunstancias de su ausencia temporal durante el ejercicio de sus funciones tras una operación en junio de 2023.
El 13 de enero de 2025, Dina Boluarte, presidenta de Perú, acudió al Ministerio Público para declarar sobre las investigaciones en su contra por presunto abandono de cargo y omisión de funciones. Este proceso está vinculado con una intervención quirúrgica que la mandataria se realizó en junio de 2023 y que no habría sido debidamente informada al Congreso y al Consejo de Ministros. La operación, que involucró una intervención en la nariz, se convirtió en el centro de un debate público sobre su capacidad de ejercer funciones durante su recuperación.
El contexto de la investigación y los hechos ocurridos en junio de 2023
El 29 de junio de 2023, Boluarte se sometió a una operación quirúrgica, proceso que la dejó fuera de sus actividades oficiales durante un periodo de 12 días. Aunque la mandataria afirmó no haber tenido impedimentos para cumplir con su rol presidencial durante ese tiempo, el hecho de no haber comunicado adecuadamente su situación a las instancias gubernamentales ha generado incertidumbre. De acuerdo con la fiscalía, la omisión de esta información podría ser considerada un delito de omisión de funciones, lo que ha derivado en una investigación preliminar en su contra.
La postura de la presidenta y las declaraciones de su entorno
En defensa de su accionar, Dina Boluarte argumentó que durante su convalecencia no hubo vacíos de poder ni desatención de sus deberes. En una intervención pública, el exprimer ministro Alberto Otárola confirmó que la presidenta no dejó de cumplir sus funciones y que, de hecho, se realizó sesiones virtuales del Consejo de Ministros. Esta defensa fue clave, ya que Otárola reiteró que Boluarte, a pesar de su operación, siguió trabajando desde su recuperación.
Las implicancias del caso y la respuesta institucional
La Fiscalía de la Nación, encabezada por Delia Espinoza, ha llevado a cabo una investigación para determinar si hubo efectivamente un incumplimiento en los deberes de la presidenta. A raíz de esta indagación, el Ministerio Público reprogramó la citación que inicialmente había sido fijada para el 2 de enero de 2025. El proceso también ha revelado información adicional sobre la forma en que la presidenta manejó su situación personal sin hacer pública la intervención quirúrgica.
Un segundo caso en la mira: El Cofre Presidencial
Este no es el único proceso en el que Dina Boluarte está involucrada. La fiscalía también la ha citado para declarar en el caso denominado “Cofre Presidencial”, relacionado con un presunto encubrimiento en la fuga del líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, utilizando el vehículo presidencial. Esta nueva investigación, que tendrá lugar el 15 de enero de 2025, podría añadir mayor complejidad a la situación legal de la mandataria.
Un futuro incierto para la presidenta Boluarte
La situación que enfrenta Dina Boluarte genera un escenario político complicado, en el que su capacidad de continuar al frente del país podría verse afectada dependiendo de los resultados de las investigaciones. A medida que avanzan las diligencias judiciales, la presidenta se enfrenta a un desafío crucial: demostrar que su accionar fue legal y transparente o enfrentar las consecuencias de una posible omisión de funciones que podría tener repercusiones políticas y legales.